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AMÉRICA LATINA
“La corrupción mata”
Stefan Sprinckmöller
20/11/2015
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Entrevista con el Dr. José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional – Parte 1

El jurista peruano José Ugaz fue el primer procurador anticorrupción del Perú y participó en los procesos contra el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos que en la década del 2000 fueron condenados por liderar una red de corrupción desde el gobierno. Desde octubre del 2014 Ugaz es presidente de Transparencia Internacional, organismo que busca combatir la corrupción a nivel mundial.

En la siguiente entrevista concedida a Stefan Paul Sprinckmöller Alayza, colaborador de Noticias Aliadas, Ugaz hace un balance sobre la lucha anticorrupción en el Perú y América Latina. En esta primera parte de la entrevista, Ugaz se refiere a los efectos económicos, sociales y políticos de la corrupción.

¿Cómo define la corrupción?
La definición clásica que aportó Transparencia Internacional (TI), es el abuso de la función pública para el interés privado, para obtener un beneficio personal. Hay muchas formas de definir la corrupción. En general, es privilegiar el interés individual, ya sea un funcionario público o privado, de manera ilegal, para obtener un beneficio en contra del bien común. Eso creo que engloba de alguna manera las distintas definiciones.

Hoy, en TI, estamos trabajando en una definición, ya no de corrupción, sino de “Gran Corrupción”, y estamos en un esfuerzo en que los tres elementos que se ven claramente son: el del poder, los autores de gran corrupción tienen poder económico o poder político, movilizan grandes recursos, y tienen un impacto sobre los derechos humanos.

Los Estados de muchos de los países de la región enfrentan en estos momentos serias acusaciones y casos de alta corrupción. ¿Existen características comunes en cuanto a sus mecanismos de operación y las áreas en que se extienden en los diferentes países?
La corrupción es un fenómeno global. Es un problema que afecta al mundo en general, pero la región de América Latina y el Caribe ha sido rankeada con baja nota en las mediciones que TI viene haciendo hace muchos años a través del Índice de Percepción de Corrupción. Tenemos una buena parte de los países que están por debajo de la media, en cuanto a la percepción que de corrupción se tiene de ellos.

Y esto varia un poco de país en país, no hay recetas ni explicaciones únicas, pero en general, yo creo que la corrupción en nuestra región tiene que ver de alguna manera con algunos antecedentes históricos, que han ido teniendo consecuencias diversas.

En el caso peruano, por ejemplo, hay un historiador, Alfonso Quiroz, que ha escrito un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, que sostiene que el patrón colonizador tuvo mucho que ver con la génesis de un sistema estructuralmente corrupto. Porque aquí vinieron, como colonizadores y virreyes, no los mejores funcionarios del Reino de España sino aquellos que podían pagar por su puesto. Y evidentemente quien compraba un puesto para venir a gobernar la colonia, no lo hacía por altruismo, sino lo hacía por negocio. Entonces, uno ponía un dinero allá, y luego venía a saquear los Estados, y desarrollar sistemas clientelistas, que creo que ha sido la base de este problema.

A ello se han ido sumando una serie de otros factores, que ya son generales para el mundo, que tienen que ver con inadecuada regulación, falta de infraestructura y de servicios públicos adecuados, falta de una carrera pública meritocrática, simplificación administrativa, sistemas de discrecionalidad de los funcionarios públicos, entre otros. Todo eso ha generado una mixtura y creo que ha determinado que hoy tengamos los niveles de corrupción que tenemos. Los patrones de corrupción son parecidos en todas partes. Ciertamente cada país tiene algunas particularidades, pero en general, el patrón es básicamente el mismo.

Las áreas más sensibles en materia de corrupción tienen que ver con lo que es prestación de servicios de infraestructura; construcción, por ejemplo, es un sector muy vulnerable. Todo lo que tiene que ver con servicios públicos y los sobornos que se tienen que pagar para obtener servicios del Estado, de un aparato ineficiente, burocrático con personal mal pagado. Obtener servicios del Estado se ha convertido siempre en una fuente de corrupción constante.
En los últimos tiempos, las industrias extractivas se han convertido también en una fuente permanente de generación de actos de corrupción. Lo que estamos viendo con Petrobras, en Brasil, es un claro ejemplo de eso, porque las industrias extractivas movilizan muchísimo dinero y abren oportunidad, si es que no existe información disponible, transparencia, y reglas claras, para que funcionarios corruptos puedan aprovecharse de eso. Diría que en general, los patrones son muy similares en toda la región.

Si uno mira el mapa de la corrupción conforme se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción, solamente hay dos países de la región que tienen buena nota, nota aprobatoria, que son Chile y Uruguay. Pero esto tiene también sus bemoles, porque todo el mundo sabe, por ejemplo, que en Uruguay se lava mucho dinero, que es un “paraíso fiscal” y hay una serie de medidas legales que permiten que el sistema bancario se convierta en un sistema para esconder dinero de la corrupción. Y en Chile, han ocurrido recientemente algunos casos que involucran incluso al hijo de la presidenta [Michelle Bachelet] en casos de corrupción que no tenían precedentes. Entonces, si bien es cierto, estos dos países tienen una mejor performance en materia de integridad, no están libres tampoco de los temas de corrupción.

El problema que yo veo ahora en la región, es el encuentro entre corrupción y crimen organizado. Esto está generando un fenómeno distinto, que nosotros en TI llamamos Gran Corrupción, porque los actores tienen poder, ya sea poder económico o político, movilizan inmensas cantidades de recursos y tienen un impacto definitivo en los derechos fundamentales de las personas. Si vemos lo que ocurre en el Triángulo Norte de Centro América: Guatemala, Honduras, El Salvador, lo que ocurre en México, lo que está pasando en Perú y Colombia, es evidente que la irrupción del narcotráfico ha generado una distorsión y ha potenciado sin límites las posibilidades de corrupción y el trasiego de fondos ilícitos de un lugar para otro.

Usted ha trabajado en importantes casos de corrupción en los 90, ¿cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos 15 años? ¿Se puede decir que hoy ha alcanzado niveles más extensos y visibles? Si es así, ¿a qué se debe esto?
Yo creo que hay dos notas características de eso, en primer lugar, hasta antes del año 1990, de la toma del poder por parte de Fujimori, el Perú era un país con la corrupción administrativa generalizada que caracteriza a los países de América Latina, no había nada especial, había mucha corrupción, pero era una corrupción básicamente administrativa en algunos niveles del poder.

Cuando llega Fujimori con Montesinos, se produce un cambio cualitativo, porque por primera vez, tenemos una red criminal que toma el poder. Lo que ocurre en ese caso ya no es que uno tiene unos o varios funcionarios corruptos en la estructura del Estado, sino que hay una organización criminal que se toma el control del Estado peruano. Entonces, hay una captura del Estado por parte de una red criminal. Eso se ve claramente en el organigrama que preparamos ya hace varios años cuando empezamos las investigaciones sobre la situación del Estado peruano. No había un solo ámbito del espacio público que no estuviera bajo control de Fujimori y Montesinos, Poder Judicial, el Poder Electoral, el Congreso de la Republica, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, en fin. Todo el Estado peruano, y muchos sectores privados también habían caído bajo el control. Ahí están los medios de comunicación y otros espacios.

Eso creo que marca un hito sin precedentes en la historia del país y yo diría que en la región, probablemente el Perú es un caso emblemático de la captura del Estado por una organización criminal y luego que se desbarata esta organización con los procesos anticorrupción, hemos caído en una situación distinta. Hoy el Perú tiene una organización política diferente. Aquí se fue a un proceso de regionalización y era obvio que, al desconcentrar el poder de Lima y depositarlo en las regiones, también se iba a desconcentrar a la corrupción. Lamentablemente, pese a las advertencias que se hicieron desde Proética, el Capitulo Peruano de TI, no se establecieron los mecanismos de control para evitar que esa descentralización del poder terminara en una extensión de la corrupción a nivel nacional, que es lo que ha pasado finalmente.

Muchas de las autoridades regionales y municipales, lo hemos visto en la última elección [del 2014], están vinculadas a casos de corrupción. Tienen antecedentes, en vez de tener una trayectoria política tienen un prontuario penal. Eso ha complicado mucho la situación porque hay mucho ruido de corrupción a nivel nacional, y regiones que antes no tenían recursos económicos, hoy día reciben muchísimo dinero del canon [de industrias extractivas] o de otras fuentes y ese dinero está siendo desviado a los bolsillos de estos malos funcionarios.

¿Existe alguna correlación —basada en estudios o evidencia— entre los tipos de gobierno en un país y la corrupción? Por ejemplo, ¿entre un gobierno considerado “democrático” y otro considerado “dictatorial”, o entre uno de izquierda y otro de derecha?
Es una pregunta muy compleja. En todas sus dimensiones, se ha debatido mucho de esto en el mundo anticorrupción, en el mundo de la Academia. Las pruebas científicas son, teóricamente hablando, una verdadera democracia; debería permitir mecanismos de transparencia y acceso a la información que bajo un régimen autoritario o una dictadura no se tienen. Con lo cual, si hay una verdadera democracia, digo, mecanismos de transparencia, acceso a información, de que la opinión pública pueda estar enterada y pueda monitorear los procesos de toma de decisiones y asignaciones de recursos, es obvio que la corrupción es menor, o debería ser menor.

Robert Klitgaard, que es un exprofesor de la Universidad de Harvard, hace tiempo acuñó una fórmula que decía que corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad de funcionarios públicos menos accountability [rendición de cuentas]. Cuando hablamos de monopolio, estamos hablando de oscuridad, opacidad, de no transparencia, de no acceso a información. Yo creo que esa fórmula es correcta. Sin embargo, muchas de nuestras “democracias”, son democracias imperfectas. Y a pesar de que se respetan las reglas y alternancias de poder cada cinco, cuatro o seis años, dependiendo del país, no existen los mecanismos de transparencia y acceso a la información que una democracia debería garantizar.

Por lo tanto, si miramos los gobiernos nuestros en esta región, veremos que formalmente son democracias pero que hay mucha corrupción. Y esa corrupción tiene que ver de alguna manera con que hay una concentración de la información que no es de acceso a la opinión pública, hay opacidad, hay oscuridad, no hay transparencia. Entonces, para los efectos prácticos, yo diría que hoy, en nuestro medio, da lo mismo un gobierno autoritario que un gobierno democrático, en la medida en que ni uno ni otro garantizan el acceso a la información ni la transparencia en los procesos de toma de decisión que es lo que le permitiría a la ciudadanía hacer un monitoreo de cómo es que se están comportando las autoridades.

Uno tiene ejemplos en el mundo. Singapur que es un gobierno autoritario, sin embargo, tiene mínimos espacios de corrupción. Porque la forma histórica como se ha diseñado el país, ha permitido que se reduzca la corrupción a niveles muy relevantes. Mientras que viejas democracias latinoamericanas —México por ejemplo, con su sistema de partido único incluso— han tenido históricamente y tienen altísimos niveles de corrupción. Entonces yo diría que en teoría, una democracia bien cimentada, debe generar espacios de menor corrupción que una dictadura o un gobierno autoritario. En la práctica, como son democracias imperfectas, no hay mayor diferencia entre una y otra.

En términos de ideología, ocurre más o menos lo mismo. Las ideologías totalitarias, socialistas en su momento, comunistas, hablaban de la dictadura del proletariado, regímenes cerrados con autoridades concentradas con lo cual el principio del monopolio se vuelve a hacer presente y en teoría, deberían ser regímenes con altos niveles de corrupción. Si miramos lo que está pasando en Venezuela y su relación con el narcotráfico por ejemplo, no circula mucha información pero se sabe que efectivamente hay nivel de corrupción muy alto. Sin embargo, en Cuba por ejemplo, no se tiene tanta información sobre cómo es que se ha comportado la corrupción, y esa es parte de los problemas con los regímenes autoritarios, es que no hay acceso a data para poder evaluar cómo es que se están comportando.

Y finalmente, en materia de partidos políticos en el caso peruano y creo que es una constante para América Latina también: no es el problema de un partido corrupto o de dos o de tres partidos corruptos, es un problema de la clase política, tenemos una clase política altamente contaminada por la corrupción, y esto tiene que ver desde cómo se elige a los candidatos y quiénes quieren llegar al poder. Y es evidente que, como en la época colonial, que el candidato que compra su candidatura, hace una inversión de US$60 mil, $80 mil, $100 mil, $300 mil, una vez que llega al poder, ya sea en el Congreso o el Poder Ejecutivo, lo que va a hacer es tratar de recuperar ese dinero.

Entonces, yo creo que la nuestra es una clase política que no representa los intereses del bien común, sino que abre la oportunidad para una serie de sinvergüenzas y oportunistas que quieren es llegar al poder para saquear al Estado.

El Perú por ejemplo, tiene pendiente históricamente una reforma política profunda. Eso tiene que ver con la estructura de los partidos políticos, de cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, los partidos políticos, de acuerdo a la ley electoral, deberían presentar informes financieros, de donde se reciben los fondos, tienen que rendir cuentas, y ninguno lo ha hecho. En el 2014, un solo partido de 250 [organizaciones políticas regionales y municipales] ha presentado su reporte financiero. Es evidente que hay una deuda histórica y reformas políticas profundas que los gobiernos últimos y los anteriores no han hecho. Hay ahí un pendiente.

¿Cuál es la relación del sector privado con la  corrupción?
Bueno, el papel del sector privado ha sido lamentablemente un papel de complicidad en algunos casos y de resignación en otros. Muchos en el sector privado han optado por ceder a las extorciones, a los chantajes, han asumido que es más fácil hacer pagos de bajo de la mesa que tratar de ser competitivos en un mercado, teniendo muchas veces el poder económico, incluso el poder político, para poder cambiar las cosas, han preferido adecuarse a los esquemas de corrupción, los incorporan a sus sistemas de costos, sin ser conscientes de que no solamente hay un problema de pago sino de afectación de la gobernabilidad y de la democracia al final.
 
Porque un país que está debilitado por la corrupción no tiene instituciones fuertes, no puede desarrollar una competitividad adecuada y entonces establece niveles distintos para todos los actores que salen al mercado y que deberían haber encontrado un piso plano e igual para todos.

Los teóricos señalan que hay lo que se llama un efecto de espiral y resaca. Espiral porque es un movimiento que va in crescendo, en la medida en que se producen más prácticas corruptas se va empujando a otros actores económicos a hacer lo mismo, porque si yo salgo al mercado, y no soy corrupto, pero mi competidor sí: no paga impuestos, soborna, etc. va a tener una serie de ventajas a la hora de hacer sus ofertas que yo no tengo. Entonces eso va empujando a otros actores a ingresar en prácticas corruptas y por lo tanto es una espiral que va hacia arriba pero también va empujando como resaca dominó a otros actores.

Yo creo que ahora el sector privado está empezando a re-pensar su relación con la corrupción y me parece que eso tiene que ver porque se están sintiendo amenazados por los problemas de seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana, en buena parte, en el Perú, tiene que ver con corrupción. Por lo tanto, me parece que por lo menos un sector vanguardista de empresarios está empezando a tomar conciencia de que es necesario cambiar las cosas y que en vez de ser cómplices de estas prácticas corruptas, hay que ponerles un límite si es que en realmente se quiere que el país se fortalezca y pueda tener un crecimiento sostenido en materia económica.

La corrupción tiene un costo económico para los países, ¿existen estimaciones de cuál es ese costo? Además del costo económico, ¿se puede hablar de un costo político y un costo social de esta?
Es indudable que la corrupción tiene un costo económico, y eso está en los indicadores ahí. Volvamos al caso de Brasil, Petrobras, a raíz del escándalo de corrupción, entre 2014 y el 2015 ha tenido 89.7% menos ingresos [caída en su utilidad neta en el segundo trimestre del 2015 en comparación al mismo periodo del año previo]. Lo que quiere decir que el impacto económico que la corrupción ha tenido en la reputación de la empresa y en su cotización en la bolsa de valores, se ha derrumbado, y eso es consecuencia del escándalo de corrupción. Y es una empresa gigante, que aporta significativamente al presupuesto de Brasil. Si Petrobras cae, va a haber una crisis económica que va a afectar la gobernabilidad, que ya por cierto está resentida. La presidenta [Dilma Rousseff] tiene en este momento menos de 10% de aceptación, hay movilizaciones en la calle, y no sabemos si es que este gobierno va a durar o va a caer. Todo eso es consecuencia de la corrupción.

La corrupción mata. No solamente es un problema de cifras. Hay gente que muere. En Guatemala han muerto 36 personas porque alguien se robó el dinero de las medicinas que tenían que darle a esas personas. En Sierra Leona, se robaron los fondos que se dispusieron para combatir el ébola y eso evidentemente tiene un impacto en muertes. En Bangladesh cayó un edificio, y murieron cientos de personas porque alguien se robó el dinero que debió haber sido aplicado adecuadamente para esa construcción.

Entonces, no hay duda de que la corrupción mata, la corrupción afecta a la salud de la gente, incrementa la pobreza, les niega educación a los niños, es un problema social, y por lo tanto, la sanción tiene que ser una sanción proporcional al daño social que esta conducta genera, y que en mi opinión es muy grave.
Entonces la corrupción tiene efectos económicos claros y medibles, pero tiene efectos inmateriales que a veces son más graves que los económicos, que son: la falta de gobernabilidad, el atentado contra la democracia, el incremento de la pobreza, por supuesto, y yo diría también el impedimento al desarrollo.
—Noticias Aliadas.


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José Ugaz (Foto: Proactivo.com.pe)
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