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NICARAGUA
Violencia contra campesinos e indígenas que defienden sus territorios
Noticias Aliadas
04/02/2018
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Comunidades se oponen al acaparamiento e invasión de tierras, minería, monocultivos y megaproyectos como el canal interocéanico.

El 22 de diciembre se cumplieron tres años de la ceremonia que daba inicio a las obras de construcción del Gran Canal de Nicaragua que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico, proyecto valorado en US$50 millardos. El gobierno nicaragüense había entregado en el 2012 a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment (HKND), con sede en Hong Kong, una concesión de 50 años prorrogables por 50 años más. El multimillonario chino Wang Jing está al frente de la empresa.

Esta monumental obra de 278 km de longitud, que pretende competir con el canal de Panamá, era la más grande que Nicaragua jamás ha emprendido e iba a sacar al país de la pobreza. El proyecto incluiría un aeropuerto, dos puertos, un lago artificial, dos exclusas, una zona de libre comercio, carreteras, complejo turístico, una central eléctrica y fábricas de acero y cemento, pero a un enorme costo ambiental y social.

Defensores del medio ambiente alertaron desde el comienzo que el canal causaría graves daños a delicados ecosistemas, particularmente el Gran Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de la región centroamericana, mientras que miles de campesinos se han movilizado en protesta por la expropiación de sus tierras.

En declaraciones a la prensa en el 2014, el científico y ambientalista Jaime Incer Barquero señaló que “a lo largo de 108 km sobre el lago, habrá que excavar una trinchera subacuática de más de 100 km de largo, 500 m de ancho y 30 m de profundidad, eso te dice que la cantidad de sedimentos extraídos durante la excavación, alterará la calidad del lago, incrementando la turbidez del agua, con graves afectaciones al abastecimiento de las poblaciones circundantes, afectando las especies acuáticas, sin contar la posibilidad accidental de un derrame de hidrocarburos”.

Marchas y protestas
Las comunidades campesinas agrupadas en el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía han protagonizado casi un centenar marchas y protestas demandando la cancelación del proyecto que desplazaría a miles de pequeños agricultores y pueblos indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

Francisca Ramírez, lideresa del Consejo, vive en la comunidad rural de La Fonseca, municipio de Nueva Guinea, localidad que se encuentra en la ruta del canal. Según Front Line Defenders, organización que protege a defensores ambientales, el Consejo “es uno de los mayores y más importantes movimientos de la sociedad civil que ha surgido en el país en los últimos 15 años y Francisca se ha convertido en un símbolo de resistencia ante proyectos destructivos mientras continúa defendiendo los derechos de la comunidad”.

“Los hijos de Francisca Ramírez Torres sufrieron un ataque en un intento de coartar su influyente labor de defensa contra el devastador canal interoceánico. Su casa fue allanada, y las autoridades le acosaron y detuvieron. Durante cuatro años de resistencia pacífica, Francisca ha sido agredida repetidamente, dejándola herida físicamente y constantemente preocupada por posibles nuevos ataques”, señaló Front Line Defenders en agosto del año pasado.

Ramírez y su esposo Migdonio López Chamorro fueron detenidos arbitrariamente al participar en la “Caravana por el Bienestar” en junio del 2016, y cuatro meses después uno de sus hijos fue golpeado por un grupo de hombres vestidos con uniforme militar.

“Francisca también ha sido objeto de constante hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales y figuras políticas, incluso a través de redes sociales”, denunció Front Line Defenders.

En agosto del 2017, Amnistía Internacional (AI) publicó el informe “Peligro: Derechos en venta. El proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos” en el que señala que “existen diversas estimaciones sobre el impacto que tendrá el canal en los habitantes cercanos a la posible ruta. De acuerdo al EIAS [Estudio de Impacto Ambiental y Social] en setiembre y octubre del 2014, el concesionario realizó un censo que determinó que aproximadamente 30,000 personas (7,210 familias) tendrían que ser física o económicamente desplazadas como consecuencia del proyecto. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil señalan que, según la ruta anunciada, dentro de la zona de influencia directa se ubican aproximadamente 24,100 hogares, aproximadamente 119,200 personas afectadas”.

Sin consulta previa
Campesinos y campesinas afirmaron a AI que no recibieron información detallada sobre el proyecto y menos aún fueron consultados. “El Estado no cumplió con el requerimiento de informar, consultar, permitir la participación de las partes interesadas, incluidas aquellas que pueden resultar directamente afectadas”, precisa el informe.

“Organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y líderes campesinos han reportado que el gobierno, lejos de ofrecer espacios reales de diálogos y mecanismos de participación efectiva, ha reaccionado reprimiendo violentamente algunas de las marchas pacíficas e incluso hostigando a representantes de las comunidades y personas defensoras de derechos humanos. AI se ha pronunciado en reiteradas ocasiones urgiendo al Estado nicaragüense que respete y garantice el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica. Asimismo, ha llamado al Estado a que se abstenga de realizar acciones de acoso y represalia contra personas defensoras de derechos humanos”, agrega el documento.

Por el momento, la construcción del canal se encuentra paralizada por motivos que se desconocen, lo que no significa que el gobierno no haya continuado con las expropiaciones ni con la represión a las protestas.

“Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”, dijo uno de los campesinos entrevistados por AI.

Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), en declaraciones para el portal informativo Connectas, indicó que “las comunidades indígenas que se oponen al acaparamiento e invasión de tierras, minería, monocultivos y megaproyectos como el canal interoceánico, enfrentan intimidación, represión, detenciones ilegales y asesinatos. La máxima expresión de violencia la viven comunidades étnicas del Caribe Norte nicaragüense. La invasión de colonos a territorios indígenas ha dejado más de 30 líderes comunitarios asesinados, decenas de heridos graves, con manos o pies amputados”.

“El Estado nicaragüense, además de invisibilizar la violencia que sufren los territorios indígenas, se vuelve cómplice porque no resuelve el problema ni acata las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó Cunningham. “Estas medidas pretenden proteger a seis comunidades indígenas de Waspam que han sido objeto de persecución. En octubre del 2015, la CIDH había solicitado medidas cautelares a favor de cuatro comunidades del territorio miskitu Wangki Twi-Tasba Raya, por la situación de extrema violencia de la cual han sido víctimas sus pobladores”. —Noticias Aliadas.


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Francisca Ramírez, lideresa del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. /Global Witness
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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