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AMÉRICA LATINA
Incertidumbre marca la vida de inmigrantes en EEUU
Armando Chávez
04/12/2017
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Gobierno persigue a migrantes pese a que muchos llegaron de niños y no tienen vínculos ni hablan el idioma de sus países de origen.

Los inmigrantes en EEUU carentes de residencia legal o que fueron admitidos bajo condiciones temporales sienten que su vida se ha complicado mucho más en el 2017 a causa de la voluntad de la actual administración republicana de expulsar a miles de latinoamericanos, a pesar de que se encuentren insertos exitosamente en la economía local y carezcan de antecedentes penales.

Si bien durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) las deportaciones llegaron a cifras récords, el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, luego de una campaña electoral de desprecio e insultos hacia inmigrantes, ha avivado los estereotipos negativos, el odio racial y las iniciativas para expulsar a latinoamericanos.

En ese sentido, los pasos de la administración se van anunciando en medio de un escenario social crispado y a golpes de “tweets” del gobernante, mientras se escuchan críticas por quienes consideran que son gestos populistas para contentar a un electorado que rechaza el avance de las minorías, propugna la hegemonía estrictamente anglosajona, y culpa a los inmigrantes de abusar de los programas de ayuda social, delinquir, no pagar impuestos y no integrarse lingüísticamente.

Raro es el día en que los medios no reporten incidentes reveladores de las circunstancias angustiosas de los migrantes en situación irregular: algunos han optado por ausentarse de citas médicas por temor a ser detenidos en clínicas y hospitales; muchos evitan reportar peligros o riesgos en sus comunidades, varios han buscado refugio en templos religiosos y algunos se han suicidado después de ser expulsados a México.

Muy atrás han quedado las promesas de Trump durante la campaña electoral de que sus iniciativas sobre migración se enfocarían en expulsar a delincuentes para mejorar la seguridad interna.

El gobierno estadounidense anunció en noviembre medidas que afectan a unos 5,300 nicaragüenses y unos 60,000 haitianos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS), programa creado para ofrecer permisos extraordinarios a ciudadanos de países afectados por conflictos y desastres naturales. Las autoridades les han puesto fecha para que regularicen su situación o salgan de EEUU. Los nicaragüenses tienen de plazo hasta enero del 2019 y los haitianos, hasta julio de ese año.

El diario The Washington Post reveló a principios de noviembre que el jefe de gabinete de Trump, John Kelly, llamó a Elaine Duke, responsable interina del Departamento de Seguridad Nacional, para que pusiera fin al TPS para hondureños, por considerar que “impide la estrategia global” del gobierno. La llamada de Kelly ha sido interpretada como una intromisión de la Casa Blanca en decisiones que tendrían que basarse solo en las leyes.

En la cuerda floja
Unos 57,000 hondureños y unos 200,000 salvadoreños recibieron la protección del TPS después del paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998. Muchos temen que ese beneficio sea eliminado en los próximos meses. En el próximo año, el Departamento de Seguridad Nacional estaría liderado por Kirstjen Nielsen, cercana al entorno de Trump y hace poco nominada para ese cargo.

La decisión de retirar la protección a los haitianos ha sido cuestionada porque Haití recibió el impacto de dos fuertes huracanes en setiembre pasado. Haitianos y centroamericanos ya han realizado manifestaciones en las inmediaciones de la Casa Blanca.

“Hemos aportado nuestro esfuerzo a este país, aquí hemos construido familias, tenemos hijos que solamente hablan inglés, y ahora tendríamos que regresar a un país que no hemos visitado en años”, afirmó una ciudadana nicaragüense a Noticias Aliadas.

Uno de los reclamos migratorios que se escucha con fuerza tiene que ver con el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), gestado en el 2012 por el gobierno de Obama para permitir que unos 800,000 adultos migrantes irregulares estudien, trabajen y sirvan en el Ejército. Conocidas como “dreamers” (“soñadores”), estas personas llegaron a EEUU antes de cumplir 16 años y algunas sólo hablan inglés y carecen de lazos con sus países de origen. Trump puso fin al DACA y dejó en manos del Congreso la búsqueda de una solución.

De acuerdo con la prensa, unos 22,000 de esos “dreamers” no han podido renovar su estatus y estarían con riesgo de perder sus empleos. Esta situación fue alertada a la administración Trump por personalidades de la seguridad nacional y la diplomacia estadounidense, quienes alegan que los “dreamers” son una fuerza laboral útil y que deportarlos costaría unos US$7.5 millardos.

Beneficiarios de DACA han acudido en masa en busca de respaldo a las instalaciones del Congreso estadounidense en Washington y a oficinas de legisladores de sus respectivos estados. Además, han planteado la inquietud de que sus datos personales y de localización, que suministraron de buena fe para acogerse a DACA, sean utilizados por autoridades para ejecutar detenciones.

Los “dreamers” se han convertido en referencia obligada sobre las políticas de la administración republicana porque se trata de un grupo social que ha recibido formación educativa en EEUU y ha probado su capacidad de hacer aportes en diversos sectores. Muchos de ellos alegan que han cumplido con las condiciones del programa y se encuentran tomando cursos universitarios. Sin embargo, los plazos para encontrar una solución se acortan; DACA caducaría el 5 de marzo del 2018.

Existencia en vilo
Algunos inmigrantes han optado por replegarse aún más en barrios en que pasan inadvertidos y sortean las carreteras donde puedan toparse con patrullas. De igual modo, limitan su presencia en redes sociales y evitan conducir en ciudades, cediendo el volante a familiares que cuentan con documentos y están en condiciones de responder por una eventual infracción de tránsito.

“Salir a la calle siempre es una incertidumbre; nunca sé si voy a poder regresar a casa”, cuenta a Noticias Aliadas Juan, de origen mexicano, que mantuvo una visa de turista hasta tanto pudo renovarla, pero finalmente quedó sin documentos para residir de forma legal en el país. Confiesa que evade cualquier comentario público sobre su estatus, por temor a ser chantajeado o denunciado. Asegura que sus trabajos siempre son transitorios y ha sido explotado a causa de su frágil situación migratoria.

En este contexto, los consulados de México han incrementado los recursos para asesorar a connacionales. Medios informativos hispanos, como las cadenas televisivas Telemundo y Univisión, usualmente incluyen en sus noticieros alertas sobre disposiciones migratorias adversas para los inmigrantes. Asimismo, en programas televisivos de alta audiencia, abogados y expertos explican cómo actuar en caso de una repentina visita de las autoridades migratorias a sus domicilios.

Algunas familias tienen listos poderes legales para proteger propiedades, como viviendas, y que menores de edad puedan ser acogidos por parientes si los padres sin residencia legal sufren percances.

“Mi temor cotidiano es no poder ir a buscar a mis hijos a la escuela en caso de que yo sea detenido”, confiesa Juan. “He vivido de todo en este país durante veinte años, pero nunca antes sentí que me rechazaran tanto. Ya soy de este país y no tengo hacia donde irme”.

Pese a las tensiones, los migrantes en situación irregular siguen a la vista pública; como siempre, hacen labores difíciles, subvaloradas y mal pagadas, pero ahora están expuestos a mayor xenofobia y riesgos imprevisibles. A menudo, incluso temen hablar en español para que no sean detectados por su lengua materna. —Noticias Aliadas.


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Protesta contra decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar programa DACA dirigido a inmigrantes que llegaron a EEUU de niños. /Crónica Viva
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