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BRASIL
“¿Por qué tenemos que morir por una tierra que es nuestra?”
Paolo Moiola
20/06/2017
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Indígenas guaraníes kaiowá en Mato Grosso do Sul no bajan la guardia en su lucha por reconocimiento y demarcación de sus tierras ancestrales.

En el Brasil de los escándalos y los políticos corruptos, la oligarquía terrateniente se ha hecho del poder y está desmantelando el aparato jurídico que había reconocido los derechos de los pueblos indígenas, empezando por el derecho a la tierra. Los incidentes en que se ven implicados los guaraníes kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, en el suroccidente del país, son sólo algunos de muchos ejemplos posibles.

Entre 1915 y 1928 se crearon en Mato Grosso do Sul ocho reservas indígenas que abarcaban un total de 17,975 Ha. La principal —y más problemática— de estas reservas es Dourados, establecida en 1917. Dourados abarca 3,600 Ha, ahora ocupadas por una población de dos etnias (guaraní y terena) con más de 15,000 habitantes.

El área total de estas ocho reservas es mínima en comparación a la de cualquiera de las decenas de haciendas actualmente en venta en dicho estado. Por ejemplo, en una búsqueda rápida por internet se pueden escoger tres al azar y encontramos que sus extensiones son de 22,410, 28,000 y 41,000 Ha, que incluyen las enormes casas de los propietarios, corrales con vacas y caballos, inmensos pastizales o grandes extensiones con monocultivos, caminos y cursos de agua o lagunas.

Según el Programa Pueblos Indígenas de Brasil, del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA), “a partir de 1920, y más intensamente desde 1960, comenzó una colonización sistemática y efectiva de los territorios guaraníes, desatándose un proceso de expropiación metódica de su tierra por parte de los colonos blancos”. Con la creación de reservas indígenas por parte del entonces Servicio de Protección del Indígena (SPI) en Mato Grosso do Sul se extendió la convicción de que las haciendas ocupadas por colonos y reclamadas por los indígenas nunca habían pertenecido a estos últimos, pues la idea era que las tierras de los indígenas eran las reservas.

Mato Grosso do Sul es un ejemplo evidente del proyecto de criminalización de los pueblos indígenas y sus aliados, puesto en marcha en los últimos años por los propietarios, el poder político dominante y los grandes medios de comunicación. Datos de agosto del 2016 del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), perteneciente a la Iglesia Católica, indican que además de las reservas, en Mato Grosso do Sul hay 96 tierras indígenas, pero la realidad es que los indígenas viven confinados en las reservas o en pequeñas parcelas de tierra, cuando no al costado de las carreteras. Cansados de esperar a ver realizados sus derechos, muchos grupos han tomado la iniciativa por su cuenta con la denominada “retoma”, la recuperación o reconquista de sus tierras.

Asesinatos y suicidios
Frente a la resistencia y las iniciativas indígenas, han aumentado la violencia y el odio contra ellos. Suman decenas los ataques cometidos por escuadrones paramilitares a sueldo de los latifundistas, con la complicidad de las autoridades. Según el CIMI, en Mato Grosso do Sul fueron asesinados 426 indígenas entre el 2003 y el 2015, 36 sólo en el 2015. Y donde no ha llegado la violencia directa han llegado los suicidios: 752 entre el 2000 y el 2015, 45 tan sólo el 2015.

El CIMI ha experimentado en carne propia lo que significa luchar por los derechos indígenas y contra el sistema que los niega. La Asamblea Legislativa de Mato Grosso del Sul creó en el 2015 una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para armar acusaciones contra el CIMI, incluyendo sus principales representantes, el presidente Mons. Roque Paloschi y el secretario ejecutivo Cleber César Buzatto.

En las 222 páginas del informe final de la CPI sobre el CIMI, presentado en mayo del 2016, las palabras son fuertes: “Causa indignación, perplejidad y repulsión el hecho de que una entidad ligada a la Iglesia Católica haya causado tanto daño” y que hay indicios muy fuertes de la “participación de CIMI en la incitación a la violencia y la invasión de la propiedad privada” por parte de los indígenas.

Los latifundistas y los políticos no se han detenido allí, sino que han replicado la estrategia en la Cámara de Diputados federal creando una comisión de investigación sobre dos entidades gubernamentales, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), pidiendo el procesamiento judicial de decenas de líderes indígenas y antropólogos que defienden la demarcación de las tierras indígenas.

La ofensiva contra los indígenas por parte del gobierno del presidente Michel Temer parece imparable. El 9 de mayo fue nombrado titular de la FUNAI, el general del Ejército, Franklimberg Ribeiro de Freitas. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que reúne a organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, ha denunciado una inaceptable militarización del organismo gubernamental con miras a la expansión de las fronteras agrícolas y proyectos empresariales en tierras indígenas. Estas últimas corren el riesgo de ser redimensionadas o eliminadas si se aprueba la Propuesta de Enmienda de la Constitución Nº 215, presentada en el 2012, que prevé transferir al Congreso Nacional la prerrogativa de demarcar las tierras indígenas, transformando un derecho originario en un mero objeto de negociación.

Demarcación sólo en el papel
El maestro de escuela de 50 años de edad Ládio Veron (Ava Taperendi en lengua indígena) es cacique de la comunidad guaraní kaiowá de la tierra indígena Takuara, en el municipio de Juti, que tiene una superficie de 9,700 Ha. Se superpone en parte con algunas fincas agrícolas, en particular con la hacienda Brasília do Sul dedicada principalmente al monocultivo de soja.

Entre el 11 y el 13 de enero del 2003, el hacendado Jacinto Honório da Silva y sus empleados asaltaron Takuara. Al final llegó también un grupo de sicarios que atacaron la comunidad. En la lucha que siguió se vio involucrado el cacique Marcos Veron, de 72 años, quien murió en el hospital a consecuencia de sus heridas. Marcos era el padre de Ládio, quien en la lucha por el derecho a la tierra también ha perdido hermanos y parientes. “¿Por qué tenemos que morir por una tierra que es nuestra?”, se pregunta.

Tras años de reclamos y ocupaciones, hoy Takuara ha superado el largo y complejo proceso de reconocimiento jurídico y es, para todos los efectos, una tierra de propiedad indígena. Sin embargo, aún no ha sido restituida. Por el contrario, los jueces de Mato Grosso do Sul emiten continuamente órdenes de desalojo. “La FUNAI —explica Veron— no tiene la fuerza para proceder con la demarcación de nuestras tierras. Pedimos un cambio. Pedimos tener en ella algunos de nuestros representantes. Tenemos indígenas preparados para esto”.

“En Takuara somos unas 70 familias que ocupan no más de 90 Ha de territorio”, asegura. “Pero tenemos que soportar que cientos de camiones cargados de soja pasen por nuestra aldea”.

El sentimiento prevaleciente hacia los pueblos indígenas es recordado por el misionero Egon Heck: “Es reveladora la afirmación del exgobernador [de Mato Grosso do Sul] André Puccinelli (2007-2014) que ‘es un crimen dar un palmo de tierra productiva a los indígenas’”.

La poderosa Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de Mato Grosso do Sul (FAMASUL) es acusada de promover el uso de milicias armadas en contra de comunidades indígenas en el estado. 

La opinión dominante entre los grandes productores rurales y los políticos que los representan es que el agronegocio y el desarrollo no pueden detenerse ante las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas y, menos aún, ante la cosmovisión indígena, considerada un conjunto de conceptos abstractos si no inverosímiles. No importa si los derechos están consagrados en la Constitución de 1988 y si el agronegocio enriquece a una exigua minoría y destruye un bien común como es el medio ambiente natural.

En la presentación del informe anual “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil-Datos del 2015”, publicado el año pasado, Mons. Paloschi escribió: “Denunciamos al Poder Judicial que ha priorizado, en sus fallos, la defensa de la propiedad —no siempre legal, no siempre legítima— en detrimento de los derechos originarios de los pueblos indígenas”. —Noticias Aliadas.


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Gobierno de Temer representa para los pueblos indígenas una mayor amenaza al derecho a la demarcación de sus tierras. / Tiago Miotto-CIMI
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