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BRASIL
Criminalización de la lucha por la tierra
Noticias Aliadas
10/11/2016
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Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra denuncia violento operativo policial para detener a sus dirigentes y acusarlos de diversos delitos.

El 4 de noviembre, agentes de la Policía llevaron a cabo un operativo, llamado Castra, en los estados surorientales de São Paulo, Paraná y Mato Grosso do Sul, dirigido a detener a integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Ese día se emitieron una serie de órdenes de detención contra dirigentes de los campamentos Dom Tomás Balduino y Herdeiros da Luta pela Terra (Herederos de la Lucha por la Tierra).

“En los campamentos del MST en la región central de Paraná, donde vivía la mayor parte de los trabajadores detenidos presos, desde mayo del 2014 cerca de 3,000 familias acampadas ocupan áreas usurpadas ilegalmente por la empresa Araupel. Esas áreas fueron declaradas tierras públicas por la Justicia Federal, pertenecientes al Estado para ser destinadas a la reforma agraria”, dice un comunicado del MST.

En Guararema, São Paulo, policías allanaron la Escuela Nacional Florestan Fernandes del MST, donde detuvieron a dos militantes. En Mato Grosso do Sul, tres vehículos policiales irrumpieron en el Centro de Investigación y Capacitación Geraldo Garcia, ubicado en Sidrolandia, buscando infructuosamente a militantes del MST de Paraná.

Según el MST, han sido detenidos ocho líderes y la policía continúa la búsqueda de otros trabajadores sin tierra bajo diversas acusaciones, incluyendo asociación criminal.

Araupel es una empresa maderera que se creó en 1997 a partir de la fusión de los grupos Madeireira Giacomet y Marodin Exportaçao. Tiene presencia en Paraná desde 1910 donde extrae madera de pino y eucalipto en tierras pertenecientes al Estado brasileño.

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en una nota oficial del 8 de abril pasado, denunció que la empresa actúa irregularmente “en parte de una zona considerada pública, con un histórico conflicto y degradación ambiental en la región, con el reemplazo de bosques nativos por un gran monocultivo de pino y araucaria, destinado a la industria maderera”.

Maderera detrás de operativo
Hace aproximadamente dos décadas, el MST se instaló en las tierras ocupadas ilegalmente por Araupel, conflicto que se prolonga hasta la actualidad. En 1997, sicarios contratados por Araupel asesinaron a dos trabajadores sin tierra, mientras que el 7 de abril, familias organizadas en el Campamento Dom Tomás Balduino fueron víctimas de una emboscada realizada por la Policía Militar y guardias de seguridad contratados por la empresa. En el ataque murieron baleados los trabajadores sin tierra Vilmar Bordim y Leomar Orback. Ambos casos permanecen impunes.

Los abogados del MST Giane Alvares, Juvelino Strozake, Luciana Pivato, Diego Vedovatto y Paulo Freire publicaron un comunicado el 6 de noviembre en relación a la operación Castra en la que reiteran que “el MST es un movimiento social popular, legítimo”, agregando que “todos los ciudadanos brasileños tienen el derecho de organización y de reunión, inclusive para luchar por la reforma agraria, así como para que las propiedades rurales y urbanas del país cumplan su función social. Es ilegal y abusivo utilizar la Ley 12850/13 (Ley de Organizaciones Criminales) por el simple hecho de ser personas militantes del MST”.

Acusaron al Poder Judicial y Policía Civil de Paraná de haber actuado de forma parcial para criminalizar la lucha social en la región. “Las ilegalidades cometidas en el curso de la operación Castra son graves y flagrantes. Son siete las acciones injustificadas practicadas en la Escuela Nacional Florestan Fernandes en São Paulo por la Policía del Grupo Armado de Represión a Robos y Asaltos, sin identificación, sin orden judicial, invadiendo la escuela disparando con armas letales y realizando amenazas, incluso de muerte, a los estudiantes y trabajadores presentes”, indicaron.

Finalmente manifestaron que “las acciones y recursos pertinentes ya están siendo elaborados para conseguir la revocación de las detenciones arbitrarias y denunciar las ilegalidades cometidas”.

Para la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, es preocupante el aumento de la violencia en el campo que en el 2015 dejó 50 personas muertas. —Noticias Aliadas.


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