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COLOMBIA
No se firmó acuerdo de paz
Noticias Aliadas
31/03/2016
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Representantes del gobierno y la guerrilla aún no se ponen de acuerdo sobre puntos relevantes para poner fin al conflicto armado.

El 23 de marzo llegó y se fue sin que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concretaran la firma del acuerdo de paz que pondría fin a más de medio siglo de conflicto armado. La fecha había sido anunciada el 23 de setiembre pasado en La Habana, Cuba, en conferencia de prensa conjunta por Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, informó que “no fue posible” firmar el acuerdo final con las FARC en la fecha pactada. “Subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo”, señaló De la Calle.

Según De la Calle, el gobierno colombiano no acepta que las FARC consideren el desarme como “un proceso”. Su propuesta es que una vez firmado el acuerdo definitivo, las FARC deben dejar las armas antes que se implementen los puntos acordados relativos a la justicia transicional y participación política. Las FARC, por su parte, plantean que sean suspendidas todas las órdenes de captura y mantener armas guardadas como garantía que el gobierno cumplirá los acuerdos.

En rueda de prensa en La Habana el 23 de marzo, el vocero de las FARC, el comandante guerrillero Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, precisó que “no hay firma para esta fecha porque no nos hemos puesto de acuerdo”.

“Los retos que estamos afrontando son difíciles, no hemos logrado aún acuerdo sobre asuntos que son vitales para el fin del conflicto”, dijo. “Están por medio asuntos tan graves como la exacerbación del paramilitarismo. En el último mes ha habido más de 28 asesinatos de líderes populares, defensores de derechos humanos, campesinos, campesinas, que están en la impunidad. Es algo muy preocupante”.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe anual sobre Colombia presentado el 22 de marzo, advirtió que “diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva”.

Puntos en discordia
Otro de los puntos pendientes es el relativo a las zonas de concentración, es decir los lugares donde los guerrilleros se instalarán una vez firmados los acuerdos. El gobierno considera que estos lugares deben ser pocos y estar alejados de zonas pobladas y de fronteras, mientras que las FARC exigen un número mayor y no estar aisladas de la población civil.

El 9 de marzo el Senado aprobó la reforma a la Ley de Orden Público (1997) que otorga facultades especiales al presidente para establecer las zonas de concentración donde se llevará a cabo el desarme y la desmovilización de las FARC, una vez firmado el acuerdo definitivo. La iniciativa permite determinar las condiciones y compromisos de las partes para establecer la temporalidad y funcionamiento de las mencionadas zonas, garantizar la seguridad del proceso de desarme, solicitar la suspensión de órdenes de captura a miembros de las FARC que dejen las armas, y establecer mecanismos de monitoreo y verificación nacional e internacional del proceso de desarme y el registro, control, destrucción o disposición final del armamento entregado por la guerrilla.

La reforma incluye, además, un acápite incorporado por el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de que las zonas de concentración se ubicarán en lugares aislados donde no exista población civil.

Según Torres Victoria, el que se le pida a las FARC concentrarse en lugares inaccesibles “es francamente absurdo”, aunque tampoco se trata de hacerlo en lugares densamente poblados, admitió.

El 28 de marzo, el presidente Santos explicó que son tres las razones por las que el gobierno no firmó el acuerdo de paz.

“Primero: el gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad, para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia. Segundo: El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta. Tercero: El gobierno no puede permitir que ningún colombiano —en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas— quede desprotegido. Los colombianos no aceptan —y su gobierno tampoco— un acuerdo que signifique algo diferente”, dijo.

“Si queremos llegar a esa paz estable y duradera que hemos buscado durante tanto tiempo —y estamos cerca—, debemos seguir con el pulso firme, el rumbo fijo y obrando con total responsabilidad”, dijo el mandatario. “Insistiendo, perseverando, vamos a encontrar soluciones razonables a estos problemas, soluciones que les convengan a todos los colombianos”. —Noticias Aliadas.


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