Jueves, 21 de Septiembre, 2017
Sección de suscriptores(as) Identificación Contraseña
COLOMBIA
Proceso de paz: ¿En la recta final?
Susan Abad
22/01/2016
Envíe un comentario Imprima el texto de esta página

El 23 de marzo es la fecha límite para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

“Ya es más difícil devolverse que llegar al fin del conflicto”, fue la frase que utilizó en una entrevista hace unos meses Humberto de La Calle, jefe del equipo negociador por parte del gobierno, para expresar su optimismo sobre que la firma de un Acuerdo de Paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realice este año.

El pasado setiembre, en una decisión que tomó por sorpresa al país, el presidente Juan Manuel Santos viajó a La Habana —donde se llevan a cabo las negociaciones de paz desde el 2012— y se reunió con el máximo líder de la guerrilla Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, y anunciaronlas bases sobre las que operaría la justicia transicional.

Santos resaltó en su discurso que las penas a imponer a los guerrilleros, civiles y agentes del Estado que intervinieron en el conflicto armado se tomaron sobre la base de proporcionar la máxima compensación a las víctimas y cumplir los estándares de la justicia internacional.

Según el acuerdo, habrá restricción efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años para quienes acepten su responsabilidad en delitos intrínsecos a la guerra y hasta 20 años de cárcel para quienes la nieguen y luego se les compruebe su participación.

Se integra un componente de justicia restaurativa que se podría traducir en trabajo de exguerrilleros en desminado humanitario y sustitución de cultivos ilícitos.

Asimismo, crea una Jurisdicción Especial para la Paz, integrada por magistrados colombianos y con posibilidad de participación minoritaria de extranjeros, que serán los encargados de investigar, juzgar e imponer las sanciones a los autores de los crímenes graves. Esta Jurisdicción también tendrá competencia sobre agentes del Estado y otros responsables directos o indirectos del conflicto armado, como financiadores o colaboradores de los grupos armados ilegales.

Con respecto a los militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto —incluso violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)—, “recibirán tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el mismo DIH”, dice el documento. Esto es consecuente con la promesa del presidente Santos de que “cualquier beneficio que se les dé a las FARC en materia de justicia, se les dará también a los miembros de nuestra Fuerza Pública” y que “sería un tratamiento diferenciado, pero no más severo”.

Verdad, reparación y no repetición
El texto del acuerdo señala que todos los actores del conflicto deberán aportar la plena verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Elgeneral retirado Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), manifestó a Noticias Aliadas su satisfacción de que se juzgue a los militares de una manera diferenciada, pero alertó sobre “la duda de la forma en la que se elegirán a los magistrados” y la existencia de “mecanismos un poco confusos para esos nombramientos”.

Para otros expertos, el acuerdo es satisfactorio. Nelson Camilo Sánchez, de la organización Dejusticia, en columna publicada en el informativo Razón Pública, asegura que “si se revisa la posición inicial de la guerrilla sobre justicia, su apuesta era que no debía abordarse el punto desde la visión de los derechos humanos y la justicia transicional, sino que debería reducirse a las responsabilidades colectivas y, por tanto, el mayor responsable del conflicto debía ser el orden capitalista. Si se compara esa posición inicial con el acuerdo donde una guerrilla rebelde que quiere acabar el Estado y no cree en el derecho internacional acepta ser juzgada por un tribunal de justicia en donde reconoce la legitimidad del Estado para imponer castigos y los límites del derecho internacional a la hora de otorgar amnistías, es indudable que se transitó un largo trecho”.

En diciembre pasado, luego de realizar“un examen jurídico” del documento, la organización Human RightsWatch (HRW) lo calificó de “un acuerdo de impunidad”. Para HRW, la única sanción que tendrán quienes confiesen sus crímenes y colaboren con la justicia serán restaurativas y reparadoras y no una restricción efectiva de la libertad como mandan los estándares internacionales, por lo que pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional.

Al término de la reunión entre Santos y Londoño también se anunció que en seis meses a partir de ese día—es decir el 23 de marzo del 2016—se firmaría el ansiado pactoque pondría fin a casi medio siglo de una guerra que deja no menos de 300,000 muertos.

Diferencias más técnicas que políticas
Varios analistas expresaron su pesimismo frente al plazo, teniendo en cuenta que en poco menos de tres años sólo se han logrado acuerdos parciales en temas relacionados con la reforma rural, participación política y drogas ilícitas. Hasta las FARC, a través de su vocero Carlos Antonio Lozada, dejaron entrever que los diálogos se extenderían mucho más. Lozada manifestó que en “un debate que habrá que realizar en la mesa (…) se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los seis meses”. El mismo Londoño se preguntó en un comunicado publicado en noviembre: “¿Y qué pasaría si llegado el 23 de marzo no hubiera Acuerdo Final? ¿Echaríamos por la borda lo trabajado y alcanzado durante tanto tiempo? No sería conveniente ni justo. ¿O es que la dilación de ahora apunta a arrinconarnos a última hora para forzarnos a aceptar imposiciones?”.

Sin embargo, expertos como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), confiaron en que el acuerdo sería una realidad en el tiempo anunciado. “Las diferencias entre el gobierno y las FARC son más técnicas que políticas. Los puntos que restan discutir no son puntos que tengan que ver con las razones por las cuales el conflicto se mantiene andando, como son la propiedad de la tierra, las rentas del narcotráfico, acceso a la participación política de los guerrilleros y el tema de justicia”, dijo a Noticias Aliadas.

Para el coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, “el tema de víctimas y de justicia es el más complejo, que más ha desatado diferentes puntos de vista en Colombia y ha generado polarización”, por eso cerrarlo es “la señal determinante de que hemos llegado a la última etapa de las conversaciones”.

Mientras se especula sobre la firma final, el presidente Santos anunció el 8 de enero que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para febrero a fin de modificar la Ley 418 de Orden Público, que le permita “iniciar los procedimientos para la concentración de las FARC en los sitios que se negocien [en la mesa] y definir el mecanismo de dejación de armas”.
—Noticias Aliadas.


Compartir

Acuerdo de Paz pondrá fin a más de 50 años de conflicto armado. / Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Noticias Relacionadas
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
Información y análisis independientes de libre reproducción mencionando la fuente.
Contáctenos a: (511) 460 3025 / (511) 460 5517
Dirección: Comandante Gustavo Jiménez 480, Magdalena del Mar, Lima 17, Perú
Correo: webcoal@comunicacionesaliadas.org

Mensajería interna: https://mail.noticiasaliadas.org
Este sitio web se actualiza cada semana.