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GUATEMALA
Innovadora propuesta para enfrentar la corrupción y la impunidad
Louisa Reynolds
20/11/2015
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La CICIG ha logrado impresionantes avances en el desmantelamiento de redes de corrupción y llevado a la justicia a dos expresidentes.

El 22 de agosto, los manifestantes que se congregaron en las afueras del palacio presidencial para demandar la renuncia inmediata del hasta entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) coreaban “Iván amigo, el pueblo está contigo) en referencia al abogado colombiano Iván Velásquez, quien encabeza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Muchos llevaban banderolas con el hashtag #CICIGSí.

Desde que la CICIG, respaldada por Naciones Unidas, reveló la masiva red de fraude aduanero conocida como “La Línea”, su popularidad creció al punto que una encuesta publicada el 1 de noviembre por el diario Prensa Libre mostró que 95% de los guatemaltecos aprueba su trabajo.

“La Línea” era una gigantesca red en la que las empresas supuestamente pagaban coimas a funcionarios de aduanas a cambio de que les cobren sólo el 40% de los aranceles importación. Involucraba a trabajadores aduaneros de bajo nivel, burócratas de nivel medio y llegaba hasta el director de administración tributaria. Grabaciones de conversaciones telefónicas incriminatorias presentadas por fiscales ante el tribunal sugerían “La Línea” había sido ideada por el propio Pérez Molina, así como por su vicepresidenta Roxana Baldetti, quien al parecer recibía 50% de los sobornos entregados a los funcionarios aduaneros corruptos.

Las revelaciones provocaron una ola de protestas sin precedentes en todo el país, demandando la renuncia de Pérez Molina y Baldetti. Aunque la popularidad del presidente se derrumbó y su partido colapsó, el destape de “La Línea” le ganó a la CICIG un apoyo generalizado de la sociedad civil, al punto que el poderoso lobby del sector privado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que inicialmente se había opuesto a la renovación del mandato de la CICIG, que expiraba en setiembre pasado, dio un giro inesperado y pasó a defender a la comisión, llamando a “una cruzada nacional contra la corrupción”. Bajo una intensa presión, la administración de Pérez Molina fue obligada a solicitar a las Naciones Unidas la renovación del mandato de la CICIG para otro periodo de dos años.

Pérez Molina, general retirado del Ejército, se aferró al poder durante cuatro meses y finalmente fue obligado a renunciar el 1 de setiembre luego que en el segundo de dos intentos por destituirlo, el Congreso le retiró la inmunidad jurídica. El expresidente y la exvicepresidenta, así como un séquito de altos funcionarios gubernamentales, actualmente se encuentran presos a la espera de ser juzgados.

Nadie es intocable
Creada en el 2007 en respuesta a la intensa presión de la sociedad civil, la CICIG investiga el crimen organizado y capacita a fiscales locales. En un país plagado por el narcotráfico y la violencia de las pandillas, donde alrededor de 95% de los crímenes no son castigados, la comisión ha logrado lo impensable, que sus investigaciones hayan puesto a dos expresidentes tras las rejas: Alfonso Portillo, quien fue extraditado a EEUU en el 2013 y encontrado culpable de intentar lavar sobornos pagados por el gobierno de Taiwán a través de bancos estadounidenses, y ahora Otto Pérez Molina.

Su impresionante trayectoria también incluye llevar a juicio a capos del narcotráfico y a una exjefe de la Policía acusada de dirigir escuadrones de la muerte, así como resolver el crimen del conocido abogado Rodrigo Rosenberg, quien maquinó su propio asesinato con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), predecesor de Pérez Molina.

“La CICIG demostró a la gente en Guatemala que sí se puede. Portillo está condenado y ahora Pérez Molina. El mensaje más fuerte es que nadie es intocable”, dijo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Uno de los factores claves para el éxito obtenido por los fiscales en estos caso ha sido una serie de reformas legales propuestas por la CICIG que dieron al Ministerio Público los instrumentos necesarios para investigar redes criminales, como la intervención de líneas telefónicas, que jugó un rol clave en el caso de “La Línea”, permitir el uso de “colaboradores eficaces”, integrantes de organizaciones criminales que reciben beneficios legales a cambio de información que pueda llevar a desmantelar esos grupos, y la implementación de un programa de protección de testigos.

“La razón por la que la CICIG fue tan importante en Guatemala fue que había el reconocimiento general que era necesario algún tipo de apoyo internacional para reformar las instituciones porque eran tan débiles y corruptas que no se podrían arreglar ellas mismas. Hasta el momento se han logrado una serie de aspectos positivos en términos de fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Público”, señaló a Noticias Aliadas Eric Olson, director asociado del programa para América Latina del Wilson Center.

Fortalecimiento institucional
Pero a pesar de los logros alcanzados en los pasados ocho años, todavía está por verse si el sistema judicial guatemalteco será capaz de investigar y procesar la corrupción al más alto nivel una vez que finalice el mandato de la CICIG en setiembre del 2017.

“Las propias instituciones del país deben comprometerse con eso”, dijo Velásquez a Noticias Aliadas.

Según Velásquez, en los próximos años Guatemala debe comprometerse a destinar más recursos al Ministerio Público para que pueda mejorar su cobertura más allá de Ciudad de Guatemala —en las zonas rurales es notoria la falta de servicios públicos— e implementar reformas legales que transformen la manera en que los jueces de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones son elegidos actualmente. A pesar de los esfuerzos para que el nombramiento de los jueces sea más transparente, el proceso ha mostrado tener muchos defectos y los jueces continúan siendo designados con base en sus conexiones políticas en vez del mérito.

Luego que el caso de “La Línea” llegara a los titulares, países vecinos como Honduras y México demandaron la creación de comisiones similares que los puedan ayudar en sus propias luchas contra la corrupción y la impunidad.

Velásquez sostiene que “la existencia de una comisión internacional como la CICIG puede ser un buen apoyo en cualquier país en el que se requiera fortalecer el sistema de justicia y en el que haya deficiencias en la independencia judicial. Pero cada país tiene que pensar no sólo en si efectivamente tiene esa necesidad, sino también de qué manera lo hará de acuerdo a sus circunstancias particulares”.
—Noticias Aliadas.


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En conferencia de prensa, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, da a conocer hallazgos sobre red de fraude aduanero conocida como “La Línea”. (Foto: CICIG)
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