Jueves, 14 de Diciembre, 2017
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ECUADOR
Levantamiento indígena enfrenta represión gubernamental
Luis Ángel Saavedra
11/09/2015
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Centenares de personas detenidas deja ofensiva del presidente Rafael Correa contra movilización indígena.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) protagonizó un nuevo levantamiento nacional en agosto pasado y planea continuarlo a partir de mediados de  setiembre. Si bien la dirigencia de la principal organización indígena ecuatoriana lo cataloga como exitoso, esta movilización en rechazo de varias medidas gubernamentales no alcanzó la dimensión política de los realizados en la década de 1990, cuando emergió este movimiento, logrando frenar el avance del modelo neoliberal en el Ecuador y derrocar a dos presidentes.

Organizaciones campesinas e indígenas de la Amazonia sur, lideradas por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora, iniciaron el 2 de agosto el levantamiento indígena con una marcha de más de 800 km de recorrido que los llevó a Quito, la capital, en 10 días. La marcha debió sortear el acoso permanente de la Policía y de pequeños grupos de simpatizantes gubernamentales que intentaron detenerla sin éxito; por el contrario, fueron más los grupos que alentaban a los manifestantes que aquellos que se oponían. En ciudades como Cuenca, Saraguro y Latacunga, la marcha fue recibida por multitudinarias concentraciones, que superaron las 20,000 personas en cada una de ellas.

Las manifestaciones en las provincias hacían prever el tamaño de lo que podría darse en Quito. En efecto, el 13 de agosto más de 200,000 personas exigían al presidente Rafael Correa que desista de lanzarse a la reelección, modificando la Constitución; que archive definitivamente las leyes de agua y tierras que perjudican a los campesinos porque proponen sistemas de administración ajenos a los sistemas comunitarios que se han establecido tradicionalmente; además, reclamaban la derogación del Decreto 16 que le permite al gobierno el control político de las organizaciones sociales.

Según Carlos Pérez, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la principal organización indígena de la Sierra ecuatoriana, el tamaño de las manifestaciones en contra de la política de Correa implica que se ha perdido el miedo a la criminalización de la protesta social y a la persecución del gobierno a los dirigentes sociales.

“Hemos perdido el miedo señor presidente; si tenemos que volver a la cárcel, desde la cárcel haremos resistencia. Este levantamiento es una muestra de que ya no le tenemos miedo”, afirmó Pérez en Quito, al dar la bienvenida a la marcha que llegó a la capital el 12 de agosto. Pérez ha sido encarcelado en tres ocasiones durante este gobierno.

Estado de excepción
En simultáneo a la marcha hacia Quito, en varias ciudades ecuatorianas de la Sierra y la Amazonia se produjeron cierres de carreteras y enfrentamientos con efectivos de la Policía y el Ejército. Este último asumió el control del orden público a partir de un cuestionado decreto publicado el 17 de agosto estableciendo el estado de excepción en todo el país, argumentando el peligro de una posible erupción del volcán Cotopaxi, ubicado en la sierra central. 

“Sabemos que este decreto es contra nosotros, contra nuestro levantamiento, pero eso no nos frenará”, advirtió Quishpe.

Los principales puntos de conflicto se dieron con el pueblo Kichwa Saraguro, de la provincia de Loja, en la sierra sur; y con la nacionalidad Shuar, en la provincia de Morona Santiago, en el sur amazónico. La CONAIE reportó la existencia de heridos y abusos de poder en estas confrontaciones. Una gran parte de las personas heridas y maltratadas fueron mujeres, mientras que Correa acusó a la CONAIE de usar mujeres y niños como escudos humanos, intentando justificar la agresión.

El 21 de agosto se suspendió el levantamiento para poder atender los requerimientos  jurídicos de las personas detenidas y tomar fuerza para volver el próximo 16 de setiembre. Esta decisión también fue tomada por la falta de respaldo de los sectores urbanos, en especial de los sindicatos, que se habían comprometido a respaldar las acciones asumidas por el movimiento indígena.

Correa asumió tres estrategias para enfrentar el levantamiento indígena: primero instauró un discurso en el que tildaba a los indígenas de violentos y aliados de la derecha; luego llamó a sus seguidores a defender las calles y enfrentar a los indígenas; y finalmente movilizó a sectores indígenas que le son afectos para que se pronuncien contra el levantamiento y los dirigentes de la CONAIE.

La convocatoria de Correa a defender las calles no fue acogida por sus partidarios y apenas se pudo ver pocas personas que ondeaban banderas del partido de gobierno, Alianza País, mientras pasaban los manifestantes. En cambio, el discurso de la violencia y las alianzas con la derecha fue insistentemente repetido en los medios de comunicación gubernamentales y asumidos como propios por líderes indígenas que respaldan al gobierno.

En Zamora, el gobierno, a través de Euclides Sarango, un indígena que fue teniente político de la parroquia de Chicaña, intentó iniciar un proceso de revocatoria del mandato contra Quishpe.

“Vamos a coordinar con todas las organizaciones y presentar al Consejo Provincial Electoral el Plan de Revocatoria de Mandato porque no es posible que tenga 60 días de permiso el prefecto”, dijo Sarango al hacer público el pedido de licencia que realizó Salvador Quishpe para participar en la marcha indígena.

Sarango también denunció un supuesto chantaje para que se respalde el levantamiento indígena. “Existe un chantaje por parte del prefecto Salvador Quishpe y de los dirigentes indígenas. Para la marcha fallida que tuvieron la semana pasada se les obligó a nuestros hermanos kichwas y saraguros, amenazando con cortar el servicio de agua”.

Rechazo a aliados de Correa
Las declaraciones de Sarango fueron refutadas por todo el pueblo Saraguro que se desplazó a la ciudad de Loja para defender a 26 hombres y mujeres de este pueblo que fueron detenidos y agredidos durante el levantamiento.

El gobierno también buscó la condena internacional al levantamiento indígena. Uno de los principales aliados de Correa fue el presidente boliviano Evo Morales. “Quiero decir a los hermanos indígenas de Ecuador que no se hagan usar contra el gobierno ecuatoriano”, manifestó Morales el 11 de agosto desde la ciudad boliviana de Tarija.

Blanca Chancoso, líder histórica del movimiento indígena, refutó las declaraciones del mandatario boliviano.

“Si actualmente [el presidente Morales] no entiende la lucha que llevamos a cabo ante este gobierno neoliberal del Ecuador, al menos pedimos respeto a la lucha histórica que estamos llevando a cabo, así como nosotros hemos respetado y respaldado el proceso de Bolivia, pese a que también nos llegan comentarios en su contra. Si el presidente Evo Morales no es capaz de respetarnos, con su silencio podría honrar en algo la amistad que tuvo con nuestro movimiento, del cual él, en su momento, también aprendió a reconocerse como indio”, escribió Chancoso en una carta abierta al presidente boliviano, publicada el 26 de agosto.

Sin considerar lo que puede pasar a partir del 16 de septiembre, la ganancia del movimiento indígena es el haber retomado el protagonismo en la política nacional, que había sido cooptada por la derecha, y el haber cohesionado sectores que se habían alejado de su estructura organizativa.

Sin embargo, el costo fue muy alto. De acuerdo con la abogada indígena Verónica Yuquilema, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la represión implementada por las fuerzas del orden dieron como resultado la prisión de 130 personas, principalmente indígenas, se abrieron procesos judiciales a 111 por agresión y resistencia a la autoridad, cierre de espacios públicos y sabotaje, y a 62 se les dictó prisión preventiva de 30 días.

La CONAIE, por su parte, informó que las personas aprehendidas fueron 201, de las cuales 30 permanecen en prisión.
—Noticias Aliadas.


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Movilización indígena recibió masivo respaldo de la población en Quito. (Foto: Mayra Caiza)
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