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Conflictos sociales recrudecen
Noticias Aliadas
14/05/2015
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Tres muertos dejan enfrentamientos entre policías y agricultores que se oponen a mina que destruiría actividad agrícola en el sur del país.

Como “terroristas antimineros” califican los grandes medios a los agricultores de la provincia de Islay, en el sureño departamento de Arequipa, que se oponen a la mina Tía María, perteneciente a la minera Southern Copper que tiene medio siglo de presencia en el sur del Perú.

La inversión está calculada en US$1.4 millardos para producir anualmente 120,000 TM de cátodos de cobre de alta pureza. Aunque se tenía previsto que la mina iniciara operaciones a fines del 2011, el proyecto no puede ejecutarse debido a la oposición ciudadana.

La población de Islay, particularmente la del valle de Tambo, se encuentra en paro indefinido desde el 23 de marzo contra  la mina Tía María, que se explotará a través de tajo abierto durante 18 años de operaciones. A pesar de la propaganda gubernamental y empresarial reproducida por la prensa, que asegura que el proyecto es altamente rentable y no afectará el medio ambiente, lo cierto es que sí perjudicará una actividad próspera, como es la agricultura. En ese valle, ubicado a sólo 2.4 km del lugar donde se construirá la mina, se produce azúcar, hortalizas, papas, alfalfa, ajos y otros productos agrarios, que abastecen a Arequipa y otras regiones del país.

“La minería a tajo abierto es la más peligrosa del mundo porque además de contaminar con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños”, aseguran los expertos Carlos Bedoya y Víctor Torres. Además, “produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos producto de los residuos sólidos muy finos que pululan en el ambiente, al mismo tiempo que se afectan las aguas subterráneas o freáticas con las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento”.

Las recientes protestas han dejado tres muertos, dos civiles y un policía. Victoriano Huayna Nina, campesino de 61 años, murió el 22 de abril  por impacto de bala y Henrry Checclla Chura, de 35 años, falleció el 4 de mayo durante una marcha pacífica en Mollendo, capital de Islay, al parecer también por impacto de bala. El policía Alberto Vázquez Durán, de 51 años, murió el 9 de mayo por fractura en el cráneo provocada por una piedra lanzada por los manifestantes.

Historia de contaminación
El conflicto con Southern Copper —fundada en 1952 con capitales estadunidenses y adquirida en el 2005 por un conglomerado minero mexicano— por Tía María no es nuevo. En el 2009 se intentó desarrollar el proyecto y presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sin embargo, por presión de los pobladores, en noviembre del 2010 fue entregado para su revisión a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) que le hizo 138 observaciones, algunas de ellas bastante graves como la falta de estudio hidrogeológico (agua y suelo), indispensable para detectar los impactos de la actividad minera, y que el agua que utilizaría el proyecto no provendría del mar sino del río Tambo. Además, había la posibilidad que también explotara oro sin hacer referencia a la utilización de mercurio, metal altamente peligroso.

UNOPS presentó su informe con las observaciones en marzo del 2011. El gobierno del entonces presidente Alan García (2006-2011) decidió no hacerlo público pero fue filtrado de inmediato por el Frente de Defensa del Valle de Tambo, provocando violentas protestas de la población que exigía a las autoridades la suspensión definitiva del proyecto y la priorización de la actividad agrícola, su principal medio de subsistencia. Los choques con la Policía dejaron en ese momento tres agricultores muertos por impacto de bala y cientos de heridos.

 En noviembre del 2013, la empresa presentó un nuevo EIA en el que supuestamente se habían subsanado la totalidad de las observaciones y nueve meses después el MINEM anunció su aprobación, lo cual provocó que nuevamente el conflicto con los agricultores recrudeciera.

Y lo cierto es que las preocupaciones de la población de Islay tienen sustento ante la historia de contaminación e infracciones a las normas medioambientales que registra la empresa. En enero pasado, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de $1 millón por reparación civil para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental del mar del departamento de Ilo, al sur de Arequipa, donde la empresa tiene una fundición de cobre. En el 2008, la minera fue multada con $2 millones por atentar contra varias normas de protección ambiental y entre el 2010 y el 2014 ha acumulado 14 multas por un total de $530,745 impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Desregulación ambiental
Ollanta Humala asumió la presidencia en julio del 2011 comprometiéndose a impulsar el diálogo para resolver los conflictos sociales que abundaban en el país. Cuatro años después los conflictos no han cesado, ni en número ni en violencia. El actual gobierno heredó de la administración de García 214 conflictos sociales, de los cuales 118 eran socioambientales, particularmente contra proyectos mineros, según la Defensoría del Pueblo. Además, 195 personas perdieron la vida por los conflictos sociales.

Actualmente en el país existen 211 conflictos sociales, de los cuales 141 son socioambientales, y 58 personas han muerto a consecuencia de la violencia desatada durante los conflictos desde que Humala asumió la presidencia.

Y todos los conflictos tienen como denominador común la desregulación sin precedentes de la economía peruana. Ante la desaceleración de la economía experimentada desde el 2014, Humala optó por la aplicación de medidas de reactivación que desmantelan el rol regulador del Estado, debilitando al Ministerio del Ambiente y exonerando de una serie de requisitos a la inversión privada.

Para le revista Ideele, Humala “es el [presidente] que más lejos ha llegado en la profundización del modelo [económico neoliberal]”, impuesto en la década de 1990 por el régimen encabezado por Alberto Fujimori (1990-2000).

“De todas las opciones, el presidente Humala ha optado por la peor: medidas de reactivación forzada que colisionan con derechos fundamentales. El gobierno ha retrocedido en todo lo avanzado en normatividad ambiental y protección de las comunidades indígenas”, señala Ideele.
—Noticias Aliadas.


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