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PERÚ
“El petróleo sólo sirve para el desarrollo de las grandes ciudades”
Cecilia Remón
27/02/2015
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Comunidades indígenas afectadas por explotación petrolera reclaman al Estado que asuma su responsabilidad.

Las protestas en la localidad de Pichanaki, en la selva central, el 10 de febrero contra la presencia de la petrolera argentina Pluspetrol y que dejaron como saldo una persona muerta y decenas de heridos por impactos de bala, le pasaron la factura al gobierno del presidente Ollanta Humala que se vio obligado, una vez más, a relevar a cuatro ministros, tres de los cuales estaban directamente vinculados con el conflicto.

Los ministros destituidos son del Interior, Daniel Urresti, responsable de la violenta represión policial contra los manifestantes; Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien en la mesa de diálogo con pobladores de Pichanaki anunció el retiro de la empresa de la zona en conflicto, generando duras críticas del sector empresarial que tiene gran influencia en el gobierno; y de Justicia, Daniel Figallo, que acompañó a Mayorga en las negociaciones. La cuarta relevada fue la ministra de la Mujer, Carmen Omonte.

Aunque la presencia de Pluspetrol en Pichanaki es de labores de exploración, la empresa tiene una larga historia de mala práctica en los lugares donde ha operado, particularmente en la región amazónica de Loreto. Tras 15 años de explotación petrolera del lote 1AB (ahora lote 192), ubicado entre los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, cerca de la frontera con Ecuador, Pluspetrol debe dejar la zona el próximo 31 de agosto sin que hasta el momento haya realizado la remediación de 92 sitios impactados y sin intenciones de pagar los más de US$13 millones por 12 multas por infracciones ambientales y daños a la salud de la población, impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

40 años de contaminación
La petrolera, fundada en 1976 en Argentina, llegó al Perú en 1986. Actualmente controla los lotes petroleros más estratégicos del país que producen el 40% del petróleo nacional y 95% del gas. Además del lote 1AB, tiene en concesión el lote 8 entre los ríos Corrientes y Marañón, cuyo contrato finaliza el 2025, y opera en otros cinco: 115 (Loreto), 88 y 56 (gas de Camisea, Cusco), 155 (Puno) y 108 (Cerro de Pasco y Junín) donde está ubicada Pichanaki.

En las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón habitan comunidades indígenas amazónicas quechuas, achuar, urarina, kichwa y kukama kukamiria, representadas por cuatro federaciones que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la más importante organización de los pueblos nativos amazónicos que agrupa a 57 federaciones y 1,250 comunidades indígenas.

En 1971 el lote 1AB, que incluía territorios indígenas, fue entregado a la estadunidense Occidental Petroleum (OXY) que lo explotó hasta el 2000 cuando lo cedió a la argentina Pluspetrol. El lote 8 quedó a cargo de la empresa estatal Petroperú que en 1996 fue asignado a Pluspetrol.

“La explotación petrolera en esta parte de la Amazonia peruana se inició en 1971. Un oleoducto de más de 16 km atraviesa el bosque y territorios indígenas transportando cada día miles de barriles de petróleo. Como se trata de una estructura con más de 40 años de antigüedad, ya muestra la señal de los años: las tuberías están muy deterioradas y las conexiones precarias. Si en un tiempo los derrames de petróleo se producían en las inmediaciones de los pozos de perforación, ahora son cada vez más frecuentes y consistentes a lo largo del oleoducto. Sólo en los últimos cinco años se han documentado más de 100, de acuerdo con la Alianza Arkana, organización internacional defensora de los pueblos amazónicos”, relató Paolo Moiola, en un artículo publicado por Noticias Aliadas en octubre del 2014.

Ya en el 2006, la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) decidió tomar dos pozos petroleros denunciando que Pluspetrol lanzaba a las aguas del río Corrientes alrededor de 1.3 millones de barriles de aguas de producción (de 159 litros cada uno) que brotan junto con el petróleo, en vez de reinyectarlas al pozo tal como lo establecen los estándares internacionales. Estas aguas surgen a temperaturas superiores a los 90º, son altamente salinas y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio y arsénico, entre otros.

Nueve años después, nada ha cambiado para los pueblos indígenas de esa parte de la Amazonia peruana y el temor de otras comunidades donde está presente Pluspetrol a que les ocurra lo mismo, los ha llevado a protestar, como sucedió en Pichanaki.

La estrategia de Pluspetrol para evitar pagar ha sido apelar las multas y estancarlas con denuncias ante el Poder Judicial. El informe 411-2014, elaborado por OEFA en octubre del año pasado, dio cuenta de la contaminación en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. De inmediato la empresa presentó una “medida cautelar innovativa” ante la Corte Superior de Loreto solicitando se suspenda la “eficacia jurídica” del informe. El juez Alexander Rioja Bermúdez concedió el pedido.

Para la elaboración de su informe, la OEFA supervisó 92 sitios en dichas cuencas en la que participaron monitores ambientales de las federaciones indígenas. La OEFA advirtió que el contrato de Pluspetrol finalizará en agosto del 2015 y que hasta ese momento la empresa no había solicitado “a la autoridad competente la aprobación de un instrumento de gestión ambiental que le permita, previa aprobación del certificador, realizar un retiro ordenado del lote así como la remediación ambiental que correspondiera, de acuerdo con las obligaciones ambientales asumidas con la concesión”.

Pasivos ambientales sin remediar
Según Renato Pita, encargado de prensa de FECONACO, “no se ha hecho ninguna labor de remediación. Sólo identificación de pasivos por el Ministerio del Ambiente (MINAM), cuya labor es sólo de identificación no de remediación. Pluspetrol se va en agosto y no se sabe quién asumirá la remediación”.

El dirigente achuar Carlos Sandi, presidente de FECONACO, denunció ante la prensa extranjera que “durante más de 40 años de explotación petrolera se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas a la salud, educación, al territorio. Estamos exigiendo que la empresa Pluspetrol asuma su responsabilidad. Su práctica es que los pueblos indígenas no tenemos los mismos derechos que ellos. Las comunidades exigimos que si la empresa no asume su responsabilidad, sea el Estado el que cumpla al haber otorgado los permisos de explotación”.

“La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados por la explotación petrolera”, agregó Sandi. “Se trata de vidas humanas. No se puede permitir este crimen. El Estado no se preocupa en invertir en desarrollo de los pueblos indígenas. La población presume que va a morir pronto porque no hay salida, ni medicinas para curarnos de la contaminación por metales pesados”.

Alfonso López, dirigente kukama de la cuenca del río Marañón, resaltó que las comunidades indígenas “no estamos en contra de una actividad que genera ingresos al Estado. Pero si estamos en contra de una actividad que nos está matando. Interesa explotar el petróleo porque sirve para el desarrollo de las grandes ciudades”.

“Hay responsabilidades que tienen que asumir las empresas petroleras. Tienen que respetar la institucionalidad indígena. Tienen que compensar por el uso de suelo”, reclamó López. “Pluspetrol se niega a reconocer que está en nuestros territorios. La empresa y el Estado nos deben millones en compensación, pero eso no va a salvar nuestras vidas”.

Uno de los casos más dramáticos fue la desaparición de la laguna Shanshococha, un área de casi 3,000 m² ubicada dentro del lote 1AB, en la cuenca del río Pastaza. Tras la denuncia por las comunidades indígenas de la zona, OEFA sancionó en noviembre del 2013 a Pluspetrol con una multa de más de $6.6 millones “por la pérdida irreparable” de la laguna, que afectó de manera definitiva el ecosistema del lugar. Además de no informar a las autoridades sobre la afectación de la laguna, la empresa realizó el drenaje y remoción de suelos sin contar con el instrumento oficial de gestión ambiental.

La resolución de la OEFA establecía que Pluspetrol estaba obligada a implementar medidas de compensación ambiental que consistían en “generar una nueva laguna o, de ser el caso, potenciar o proteger un cuerpo de agua en la zona de influencia del lugar afectado”. La petrolera apeló la multa y a pesar de las evidencias, nunca admitió haber destruido la laguna y tampoco cumplió con la remediación. En un comunicado, responsabilizó a operaciones previas a su presencia en la zona y que las labores de remediación fueron supervisadas por las comunidades nativas y monitores ambientales de la zona, además de amenazar con tomar las “acciones legales correspondientes”.

A seis meses de su retiro del lote 1AB, Pluspetrol no tiene ninguna intención de remediar el desastre ambiental que ha dejado su presencia en la región Loreto. Es más, considera que los suelos se recuperarán “naturalmente”. —Noticias Aliadas.


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Monitor ambiental indígena registra pasivo por explotación petrolera en cuenca del río Corrientes. (Foto: FECONACO)
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