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ECUADOR
Reconstruir las comunidades: una forma de resistencia
Luis Ángel Saavedra*
02/10/2014
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Comunidades amazónicas se amparan en derechos constitucionales para recuperar sus territorios concesionados a mineras.

En Tundayme, parroquia asentada en la Cordillera del Cóndor, en el sur amazónico del Ecuador, las comunidades indígenas y campesinas han decidido retomar los territorios de comunidades abandonadas o desalojadas forzosamente, para así resistir al avance de los megaproyectos mineros. Las primeras acciones han sido exitosas, sin embargo se teme una respuesta agresiva por parte del gobierno y las empresas afectadas.

El 12 de mayo pasado, trabajadores de la empresa minera EcuaCorriente (ECSA), escoltados por unos 50 policías, derribaron la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, ubicada en Tundayme. Con la destrucción, la transnacional minera creía haber logrado la desaparición total de San Marcos o al menos eso parecía.

ECSA, perteneciente a la empresa china Railway Construction Corporation y al grupo Tongling Nonferrous Metals, firmó en marzo del 2012 con el presidente Rafael Correa el contrato de concesión para la explotación del proyecto Mirador, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú. Con este contrato, ECSA accede a reservas de cobre por 5 millardos de libras, procesará 60,000 TM diarias e invertirá US$1.4 millardos en los primeros cinco años. Por su parte, el Estado ecuatoriano recibiría un 52% de las ganancias, en las que estará incluido el 12% del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta, utilidades y regalías. ECSA ofreció entregar $100 millones como regalías anticipadas, lo que aún no se ha concretado.

Desde hace más de 10 años ECSA, amparada en un contrato de exploración, ha pretendido borrar del mapa a la comunidad de San Marcos, conformada por indígenas shuar y colonos campesinos. Para ello no han dudado en desplazar a la población con engaños, compras forzadas de tierra y, en el caso de quienes tenían sus tierras sin título, simplemente desalojarlos.

De acuerdo a un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la propia empresa reconoce que el procedimiento de adquisición de tierras fue irregular.
“El Expediente de Negociación de Tierras Proyecto Mirador, del 28 de enero del 2010, elaborado por un ex gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa EcuaCorriente y el coordinador de las familias campesinas afectadas, expresa que mientras en el año 2006 el Gobierno Municipal de El Pangui evaluó la hectárea de tierra en $1,000, la empresa negoció a $400 la hectárea en unos casos y en otros a $3,000 la hectárea, provocando malestar entre las familias”, asegura CEDHU, citando informes de ECSA.

“El milagro de San Marcos”
“Sólo quedó una casa en pie, la de doña Julia. Ahí llevamos a [la estatua de] San Marcos. San Marcos está ahí, como refugiado; en esa casa dimos las primeras misas con el obispo de Zamora; con eso empezó la historia de la recuperación del territorio”, cuenta a Noticias Aliadas Luis Sánchez, presidente de la Asociación Cóndor Mirador (ASCOMI). 

En efecto, lo que ahora los indígenas y campesinos llaman “el milagro de San Marcos”, empieza con la destrucción de la iglesia, pues ahí se dieron cuenta que eso no habría sucedido si hubiesen sido una comunidad indígena reconocida y, como tal, sujeto de derechos colectivos.

Con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), ASCOMI empezó un proceso de autoreconocimiento como comunidad shuar, cumpliendo todos los preceptos constitucionales respecto a la autodefinición como pueblos indígenas y considerando que todo el territorio concesionado a ECSA es ancestralmente propiedad de la nacionalidad shuar. Tanto los indígenas, como los campesinos colonos acordaron poner sus fincas bajo un título colectivo.

“Así la empresa ya no podrá negociar por separado y convencer a los más débiles; ahora deberá enfrentarse a la comunidad y la comunidad le dirá ¡no!”, afirma Sánchez.

El 21 de agosto, el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE) emitió el documento con el cual se reconoce jurídicamente a esta comunidad. De inmediato, el Gobierno Parroquial de Tundayme firmó un acuerdo con el Prefecto del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, para implementar un vivero agrícola forestal y un huerto comunitario, como parte de un sistema agropecuario, de reforestación y turismo.

“La agrodiversidad e interculturalidad es la base de la soberanía alimentaria en la provincia, por eso me alegra ser parte de esta tarea con el gobierno parroquial y los productores, la gente está todos los días laborando y hay que motivarla”, dijo Quishpe al firmar el acuerdo, el pasado 16 de setiembre.

Con una minga comunitaria implementaron el primer vivero junto a la casa de doña Julia y aspiran a recuperar las tierras con siembras comunitarias. “Es el primer milagro de San Marcos, luego vendrán otros milagros, como la reconstrucción de la iglesia y la escuela”, dice Sánchez.

Mientras tanto, ECSA se ha limitado a expresar “su preocupación por la creación de viveros comunitarios”, tal como lo ha hecho conocer a las autoridades locales. Ahora los desalojos le serán más difíciles a la empresa minera y en los próximos meses se verá si la estrategia de los indígenas y campesinos da resultado y logran frenar el avance de la transnacional minera o si esta, mediante artilugios jurídicos, logra la autorización para desalojar nuevamente a la comunidad.

Shuar recuperan su territorio
Al mismo tiempo, el 14 de agosto, la comunidad shuar Numpaim, ubicada en la misma parroquia de Tundayme, amparada en la Constitución que reconoce la justicia indígena, resolvió que debía retomar la posesión de su territorio ancestral, cedido a las mineras de nombre “Patricia” y “Raúl Castro” y que operaban en territorios concesionados a ECSA.

La operación de pequeñas y medianas mineras en territorio concesionado a una transnacional es una práctica frecuente, ya que con ello las grandes empresas evitan enfrentarse directamente a las comunidades. Estas pequeñas mineras, generalmente con capitales locales, se asientan con el consentimiento de las comunidades y luego se expanden a tal punto que ya no pueden frenar su avance, pues las autoridades locales (alcaldes, tenientes políticos, etc.) son proclives a los deseos de las mineras y no a defender los derechos de sus poblaciones.

En el Ecuador está reconocida la competencia de la justicia indígena para resolver toda clase de conflictos, a excepción de aquellos que involucran la vida de las personas. Amparados en ella y una vez que fracasaron los múltiples trámites que la comunidad hizo para que se revoquen las concesiones dadas en territorio shuar, decidieron que su sistema de justicia comunitario podía emitir una resolución encaminada a recuperar el territorio ancestral.

Una vez emitida la resolución, la comunidad de Numpain desalojó a las mineras y tomó posesión del territorio. Informaron de su resolución, y de las bases constitucionales de la misma, a todas las autoridades locales, convirtiendo este hecho en un caso de debate de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, lo que frenó una incursión militar que se preparaba para recuperar el territorio concesionado a la minera.

Mientras los militares mantienen rodeada a Numpain y las autoridades mestizas locales no saben cómo abordar el caso, los indígenas han tomado ya varias resoluciones que involucran la devolución de las maquinarias a sus dueños, la recuperación de la flora en los sitios afectados y la reconstrucción de la comunidad. Estas resoluciones han recibido el respaldo de las organizaciones nacionales indígenas, pues consideran que “es una recuperación legítima, no violenta y amparada en el derecho indígena”, tal como lo manifiesta un comunicado emitido el pasado 13 de setiembre, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Asamblea de los Pueblos del Sur.

Tanto San Marcos como Numpain, han hecho uso de mecanismos creativos de resistencia y que están garantizados en la Constitución del Ecuador, lo cual ha tomado por sorpresa a las mineras y a las autoridades. Se prevé una nueva etapa de confrontaciones, pero esta vez los indígenas y campesinos saben que tienen las cartas a su favor.

“Ahora no pueden responder con desalojos violentos como lo hacían antes; ahora podemos defender nuestros derechos ante la Corte Constitucional, o ante instancias internacionales, y ya no en lo local, donde las autoridades y los jueces juegan a lo que mande ECSA”, asegura Sánchez. —Noticias Aliadas.


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Reunión de la comunidad de San Marcos en casa de doña Julia, la única dejada en pie por empresa minera. (Foto: Dennis de la Cruz)
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