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ECUADOR
Polémica Ley de Comunicación
Luis Ángel Saavedra*
15/07/2013
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Norma es aplaudida por brindar apoyo a medios comunitarios y producción nacional, pero es cuestionada por artículos que restringirían libertad de expresión.

Sólo fueron suficientes 35 minutos para aprobar la Ley de Comunicación que había permanecido estancada en la Asamblea Nacional por más de cuatro años al no haber consenso en varios artículos polémicos. Por ello, en la sesión del 14 de junio, no se permitió el debate y tampoco se leyeron los 109 artículos que la conforman, pese a que se habían incorporado artículos que no fueron debatidos en la Asamblea anterior.

Durante la votación tan solo se leyeron los títulos de los seis cuerpos generales de la ley y se procedió a la votación, obteniéndose 108 votos para cuatro de los cuerpos (Disposiciones Preliminares y Definiciones, Principios y Derechos, Sistemas de Comunicación Social, Regulación de Contenidos) y 110 para los dos restantes (Medios de Comunicación Social, Del Espectro Radioeléctrico).

Para los medios de comunicación comunitarios, la aprobación de la Ley de Comunicación constituye no sólo su reconocimiento como actores sociales de gran relevancia, sino que fortalece su presencia en las comunidades y prevé formas sólidas de financiamiento.

En efecto, la ley cumple con uno de los mandatos constitucionales del 2008 al asignar, en el artículo 106, el 34% de las frecuencias a los medios comunitarios, entendiéndose como tales a aquellos “cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”, tal como se los define en el artículo 85.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Décima Séptima, las concesiones entregadas a organizaciones religiosas también podrán transformarse en concesiones comunitarias. El Churo Comunicación, colectivo que trabaja en la promoción de derechos, interculturalidad, construcción política juvenil y diversidades culturales desde la producción radial, cuestiona la participación de las iglesias, consideradas como actores privilegiados por la Auditoria de Frecuencias de Radio y Televisión, realizada en el 2009, y en el informe del 2008 de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE), ya que poseen casi el 10% del espectro radioeléctrico.

“Si estas radios pasan a formar parte del sector comunitario, las organizaciones sociales, populares, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, afrodescendientes o GLBTI, entre otros, accederemos apenas al 24%”, afirma Ana Acosta, vocera de El Churo. “Si bien varias radios de la iglesia tienen un papel cercano a sectores populares, la gran mayoría han servido a intereses privados, incluso difundiendo mensajes que van en contra del espíritu laico del Estado y de los derechos humanos, por lo que no son parte de la propuesta del sector comunitario”.


¿Boom de la cultura?
Otro aspecto de la ley, contemplada en la Sección VI, ordena que el 60% de la programación de los medios sea nacional, y de este porcentaje, un 10% debe ser de producción independiente. De igual forma, en el caso de las radios musicales, la ley ordena que el 50% de la música que emiten sea nacional.

El ministro de Cultura, el exradiodifusor Francisco Velasco, sostiene que "la exigencia de difundir producción nacional podrá generar un boom de la cultura del país".

El artículo 102 establece que para el financiamiento de la producción nacional, los medios de comunicación audiovisual deben destinar al menos un 2% de sus ingresos y, en el caso de que la audiencia de un medio supere los 500,000 habitantes, la cuota de apoyo será del 5% de su facturación.

En cuanto a la publicidad, también la ley establece que debe ser producida en el país, en productoras nacionales que tengan al menos el 80% de personal ecuatoriano. Un 10% de la pauta publicitaria deberá darse en medios locales y regionales.

Por su parte, sectores críticos manifiestan que la ley permite al gobierno controlar la información, pues desde el artículo 47 al 69 estipula la creación de organismos de control y sistemas de regulación que harían imposible la investigación y la denuncia periodística.

En efecto, la ley contempla la creación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, conformada por cinco representantes de diferentes estamentos gubernamentales, incluida la Defensoría del Pueblo que, contrario a su mandato, ha optado por alinearse a la política gubernamental. Esta instancia regulará los contenidos que emitan los medios de comunicación.

De igual forma, en el artículo 55 se crea la Superintendencia de Información y Comunicación, que será “un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria”.

“La o el superintendente será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República”, dice además este artículo.

Para Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), “todo el sistema de control de la comunicación está en manos de dos organismos nombrados desde el gobierno, lo que no garantiza la independencia de sus resoluciones”.

Censura previa y responsabilidad ulterior
El artículo 18 de la ley prohíbe la censura previa y posibilita que los periodistas y editorialistas puedan demandar a los propietarios de los medios si consideran que sus notas u opiniones han sido censuradas. En cambio, el artículo 19, mediante la figura de la “responsabilidad ulterior”,  responsabiliza a los propietarios de los medios, en conjunto con los periodistas y editorialistas, por notas inexactas o que violenten la ley.

Al respecto, Juan Tibamlombo, jefe de edición de diario Hoy, manifiesta que “si corto una nota porque creo que atenta a la ley, el reportero o editorialista me puede denunciar por censura previa; y se la dejo pasar, me expongo a ser demandado por la responsabilidad ulterior. Con esto los diarios están condenados sólo a escribir notas frívolas, sin trascendencia”.

Otro de los artículos críticos es el que establece la prohibición del denominado “linchamiento mediático”.
“Si hay corrupción, si se descubre a un corrupto, los medios no podrán hablar al mismo tiempo de este personaje porque se exponen a ser acusados de linchamiento mediático”, dice Tibamlombo. “Esta ley está hecha para evitar la investigación y la denuncia”.

Así las cosas, la aparente democratización que propone la ley con el apoyo a los medios comunitarios, se contrapone con la serie de controles gubernamentales que impedirán la crítica, tal como lo afirma Cornejo: “El que existan medios comunitarios no es sinónimo de democracia, si es que comunitarios y privados no pueden ejercer la libertad de expresión”.
—Noticias Aliadas.


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Marcha de apoyo a los derechos de la comunicación y pedido del 33% de frecuencias para medios comunitarios. (Foto: El Churo Comunicación - Ana Acosta)
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