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PERÚ
Conga va pero con reformas
Cecilia Remón
27/04/2012
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Informe de peritos extranjeros no despeja del todo dudas sobre proyecto minero.

Tres expertos internacionales, contratados por el gobierno peruano, entregaron el 18 de abril su esperado informe sobre el peritaje realizado a los aspectos hidrogeológicos del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, en el norandino departamento de Cajamarca.

Conga es un proyecto de US$4.8 millardos para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de cuatro lagunas ubicadas en la parte sureste de Cajamarca y que desarrollará Minera Yanacocha, de propiedad de la empresa estadunidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial.

El EIA fue aprobado por el gobierno en octubre del 2010, tan sólo ocho meses después de presentado, cuando el proceso de aprobación de un EIA demora dos años en promedio.

La población de Cajamarca se ha opuesto tenazmente al proyecto ubicado en una cabecera de cuenca y que pretende trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales. Una revisión realizada en noviembre pasado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) al EIA de Conga encontró graves vacíos, incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.

Las masivas protestas contra Conga en Cajamarca y la defensa cerrada del presidente Ollanta Humala al proyecto —contraria a su posición durante su campaña electoral cuando ponía en primer lugar la defensa del agua— desencadenaron la caída del gabinete encabezado por el primer ministro Salomón Lerner a principios de diciembre.

El nuevo primer ministro Óscar Valdés anunció en enero la contratación de tres peritos extranjeros para analizar el EIA de Conga. Los ingenieros españoles Luis López García y Rafael Fernández Rubio y el geólogo portugués José Martins Carvalho iniciaron su trabajo de campo el 28 de febrero, dándolo por terminado 50 días después.


No hay impacto cero
En conferencia de prensa, Fernández Rubio manifestó que “no existe impacto cero. Hay que buscar el equilibrio y las medidas compensatorias para que el resultado cumpla con cuatro soportes: el económico, el social, el ambiental y el técnico, de manera que se pueda aprovechar el oro y el cobre, y al mismo tiempo se mejoren las garantías de abastecimiento de agua”.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó ante corresponsales extranjeros que la empresa tendrá que acatar las decisiones que tome el gobierno.

“El Estado establecerá las condiciones [para el desarrollo del proyecto] y la empresa tendrá que tomar una decisión si las acepta o no”, dijo.

Dos días después de la presentación del informe, el presidente Humala dio un mensaje a la nación en el que señaló que el objetivo del peritaje era “verificar que el equilibrio ambiental esté asegurado, despejar las dudas y garantizar que la población cuente con más agua y de mejor calidad, y que este recurso pueda generar mejores condiciones para el desarrollo personal, familiar, local y regional”.

Humala precisó que el gobierno garantizará que “la calidad, la disponibilidad y la calidad del agua sea controlada con mecanismos que den absoluta seguridad a los pobladores de Cajamarca de que existirá un adecuado abastecimiento de este recurso vital”. Además, afirmó que la empresa deberá cumplir con las exigencias ambientales y sociales que se derivan del informe pericial y de estudios realizados y validados previamente.

Respecto a esto último, para algunos es un reconocimiento a la revisión hecha al EIA por el MINAM durante la gestión el ex ministro Ricardo Giesecke, que sugería la contratación de expertos que evaluaran las características hidrológicas e hidrogeológicas de la cuenca a impactar.

El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, resaltó que “los peritos, después de cinco meses y un pago de varios cientos de miles de dólares, han dicho casi lo mismo, y allí no acaban las coincidencias: también han señalado la necesidad de revisar la zona de influencia del proyecto, la preservación de los bofedales, etc.”.

Otra de las recomendaciones del MINAM, recogida por los peritos, es que dos de las cuatro lagunas que serán vaciadas no sean utilizadas como depósito de desmonte y sugirió realizar “un mayor análisis ambiental y social que determine la reubicación de dichos depósitos dentro del área de influencia del proyecto en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas”.

Igualmente el MINAM había señalado la necesidad de valorar adecuadamente los costos ambientales y sociales que el proyecto Conga generará en sus etapas de construcción, operación y cierre, y que dichos costos sean compensados adecuadamente. En este sentido, Humala anunció que se constituirá “en el más breve plazo y durante el tiempo de vida del proyecto y cierre de la mina, un fondo social con el compromiso activo de la empresa, cuyos recursos sean usados de forma transparente, y en acuerdo con las autoridades locales, para el desarrollo de infraestructura social, productiva y de riego, orientada a favorecer a la población más pobre”.


Necesario monitoreo de los EIA
El mandatario recalcó que el Estado “tiene un papel fundamental para garantizar una nueva forma de hacer minería en el Perú, bajo nuevas reglas. Una minería amigable con el entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos exigimos y nos merecemos; capaz de generar inclusión y aporte al desarrollo real de todos y cada uno de los peruanos. Tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después en la forma de hacer minería en el Perú”.

El ex ministro Giesecke saludó las declaraciones de Humala al señalar que a partir de ahora “tenemos una situación totalmente nueva, un parte aguas” e invocó a darles a los EIA la importancia que tienen para evitar conflictos. Coincidió con los peritos en el sentido de que debe implementarse “un monitoreo participativo de los EIA para que la población tenga confianza”.

Yanacocha —que también opera la mina de oro del mismo nombre en Cajamarca, considerada una de las más grandes del mundo—, manifestó en un comunicado publicado el 21 de abril que el peritaje “ha convalidado indudablemente el EIA aprobado por el gobierno peruano en octubre del 2010”, aunque reconoce que este instrumento puede ser mejorado y se comprometió a evaluar nuevamente alternativas técnicas y económicas, así como mecanismos de compensación hidrológicos y ambientales.

Pero lo que el peritaje no aborda es la licencia social y mientras la población continúe rechazando el proyecto, la empresa no podrá echarlo andar sin contratiempos.

Dirigentes de las 13 provincias de Cajamarca dieron una tregua al Ejecutivo, que vence el 31 de mayo, para que declare inviable el proyecto, y en caso de que no cumpla con su pedido, iniciarán una huelga indefinida.

Para De Echave, “todo indica que un conjunto de reformas son necesarias para canalizar los conflictos ambientales por vías institucionales, pacíficas y democráticas. Para ello se necesita voluntad política. (…) Lo cierto es que si no se producen las reformas, los conflictos seguirán aumentando en número e intensidad”.


Fallo del Tribunal Constitucional
El mismo día de la presentación del peritaje, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ordenanza del Gobierno Regional de Cajamarca, emitida a principios de diciembre del 2011 — que declara intangibles las cabeceras de cuenca en la región y declara inviable el proyecto Conga—, señalando que esa decisión no compete a sus atribuciones.

Sin embargo, el fallo admite que “en el Perú, la historia ha demostrado cómo importantes sectores de la sociedad han sido ignorados o invisibilizados. (…) No existió preocupación alguna por incluir su voz, o reconocerlos como interlocutores en los debates acerca de lo que es el desarrollo y cómo debe alcanzarse. Pero no sólo ello, cuando se generaron daños a consecuencia de tales políticas, el Estado falló en solucionar efectivamente tales conflictos, que en varias situaciones, han escalado hasta convertirse en verdaderas demandas sociales”.

El TC incluye tres ejemplos de desastres ambientales a consecuencia de la actividad minera: La contaminación por plomo de la población de La Oroya por la fundición operada por la minera estadunidense Doe Run, el derrame de mercurio ocurrido en el 2000 en la localidad cajamarquina de Choropampa por graves fallas de seguridad de Yanacocha, y el colapso en junio del 2010 de los relaves en el distrito de Huachocolpa, en el centro del país, pertenecientes a la empresa peruana Caudalosa Chica, que contaminó dos ríos de los que se abastecían las comunidades de los alrededores.

“Estos dramáticos y penosos casos ponen en manifiesto la intensidad de los daños ocasionados y el entendible temor y suspicacias que los proyectos mineros causan en los pobladores de las zonas aledañas a estos proyectos”, dice la resolución del TC. “En consecuencia, la resistencia a tales proyectos tiene una historia que no puede, de buenas a primeras ponerse a un lado. La desconfianza frente a los proyectos mineros no debe ser comprendida como expresión de intolerancia ni de intransigencia; es tan sólo una predisposición como consecuencia de determinadas experiencias de una comunidad. Esta situación se trasvasa a cualquier diálogo sobre la materia que se plantee, por lo que ignorarla o menospreciarla, no significará la volitización (desaparición) del problema”.
—Noticias Aliadas.


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