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ECUADOR
Movimiento indígena fragmentado
Luis Ángel Saavedra*
03/11/2011
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Discurso gubernamental genera acogida, y a la vez disenso, entre comunidades indígenas.

El gobierno nacional ha logrado fraccionar las bases de diversos sectores del movimiento indígena ecuatoriano, a través de la cooptación de varios de sus dirigentes, a quienes ha nombrado como funcionarios de alto nivel, o mediante acuerdos logrados con las bases indígenas pero al margen de sus organizaciones regionales y nacionales.

Por su parte, los indígenas tampoco logran articular una plataforma de lucha que enfrente el embate gubernamental, vinculando sus demandas históricas con los nuevos problemas que experimentan las comunidades y en las cuales el discurso del gobierno cada vez tiene mayor acogida.

A mediados de setiembre de este año, la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) se reunió en Asamblea General en la ciudad de Baños, ubicada en la céntrica provincia de Tungurahua. Dos temas preocupaban a esta organización indígena: el nombramiento de su líder histórico, Ricardo Ulcuango, como embajador en Bolivia, y el acuerdo firmado entre el gobierno y la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), por el cual el gobierno se compromete a realizar obras de infraestructura deportiva, vial y sanitaria en las comunidades shuar, en tanto que no se especifica cuáles son los compromisos de la FICSH en este acuerdo.

Ulcuango fue vicepresidente de la CONAIE y presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) por dos ocasiones. Lidera una de las regiones indígenas con mayor capacidad de movilización, como es Cayambe, en la sierra norte, y por ello sorprendió cuando, a inicios de agosto, se dio a conocer su designación diplomática.

La ECUARUNARI reaccionó y decidió, el 17 de agosto, expulsarlo de esta organización. El líder indígena no aceptó la decisión y cuestionó a la dirigencia indígena actual, a la que acusó de aliarse con la derecha, no entender el proceso de cambio que vive el país y haberse separado de sus bases.

“Los dirigentes están lejos del sentir de las bases, lejos de sus necesidades reales”, dijo Ulcuango durante la ceremonia de posesión de su cargo de embajador, realizada en Cayambe, el 16 de agosto pasado.

Ulcuango no es el único dirigente indígena que ha sido considerado en el servicio exterior, pues también en setiembre se designó a Segundo Andrango, de Cotacachi, provincia de Imbabura, como nuevo embajador en El Salvador. Este dirigente es padre de Luis Andrango, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), organización aliada al gobierno pero que se estaba mostrando crítica en temas como la ley de aguas, la ley de minería y la de soberanía alimentaria, por considerar que son leyes elaboradas por el gobierno sin consensos  con los movimientos sociales y los usuarios de las cuencas hídricas. La FENOCIN ha vuelto a respaldar  incondicionalmente al gobierno.


Acercamientos con el gobierno
Francisco Shiki, presidente de la FICSH, justificó el acuerdo firmado con el gobierno.

“En vista de tantos discursos vacíos, de opositores débiles, como FICSH hemos tomado la decisión colectiva de sostener un diálogo y un convenio en beneficio de las comunidades shuar”, afirmó Shiki en el Congreso de la CONAIE en Baños, a la vez que amenazaba con un proceso de revocatoria del mandato a las autoridades shuar de elección popular, como Marcelino Chumpí, prefecto de Morona Santiago, provincia amazónica de mayor población shuar, y a la asambleísta de esta misma provincia, Diana Atamaint, si es que se oponían a este acuerdo.

Pese a los cuestionamientos de las otras federaciones indígenas, la FICSH mantuvo su posición en la Asamblea de la CONAIE. “Como pueblo, tenemos que ser beneficiados con todos los programas de gobierno”, afirmó Galo Puanchir, vicepresidente de la FISCH. “Los pueblos no viven de discursos, de palabras, sino de acciones concretas”.

La decisión de la FICSH dividió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia (CONFENIAE), organización regional amazónica perteneciente a la CONAIE, pues su presidente Tito Puanchir, también de la nacionalidad shuar, decidió respaldar el convenio firmado, en tanto que la nacionalidad kichwa amazónica lo cuestionó.

“La CONFENIAE va a pedir que la CONAIE formalice el diálogo con el gobierno”, aseguró en la asamblea Galo Puanchir, pero sus declaraciones fueron rechazadas por la dirigencia de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos-Ecuador (FONAKISE).

Los shuar y los kichwa amazónicos son las dos nacionalidades más grandes de la CONFENIAE. Cualquier desacuerdo entre ellas inmoviliza a esta organización, pues las otras nacionalidades amazónicas son demasiado débiles como para dirimir en un conflicto interno de su organización regional.

La asamblea de la CONAIE no pudo dar una respuesta a estos problemas y se limitó a reivindicar su lucha histórica por la construcción del Estado Plurinacional, el ejercicio del derecho a la consulta previa, la defensa del agua y los territorios. Además de expresar su solidaridad con las luchas locales de las organizaciones indígenas. Al igual que en ocasiones pasadas, la Asamblea concluyó haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales para unirse en una “Marcha nacional por la construcción de los verdaderos cambios profundos del país”, como afirma en su comunicado final, aunque no pone fecha para su realización.

Para la líder indígena amazónica Mónica Chuji, la aceptación de la propuesta gubernamental en sectores indígenas obedece a que el movimiento indígena no ha podido articular sus demandas históricas con los nuevos temas que preocupan a las comunidades.

“El empleo, la migración, la producción agrícola y las formas de comercio, la educación y la salud son temas que se deben incorporar en el debate de las organizaciones indígenas, y mientras eso no se haga, el gobierno tendrá un espacio para ganarse la confianza de las comunidades y dividir a las organizaciones”, afirma Chuji a Noticias Aliadas.

El Estado de bienestar
La propuesta gubernamental es mucho más concreta para las comunidades indígenas y de ahí el distanciamiento con sus dirigentes, pues la oferta del gobierno se puede mirar y medir, porque es material, en tanto que el discurso de reivindicación indígena se ha repetido por años y, pese a los avances constitucionales logrados, para las comunidades no se materializa en resultados tangibles.

“La Constitución contiene una parte de la normativa que el movimiento indígena ha propuesto por años, pero esta nueva normativa parece no tener un beneficio concreto para las bases indígenas, no porque no lo tenga, sino porque no se la ha identificado con el vivir diario de las comunidades”, dice Chuji.

El gobierno, por su parte, hace gala de un discurso de bienestar general que tiene gran acogida en sectores vulnerables de la sociedad, como son los indígenas. Así lo afirmó a Noticias Aliadas, Nelson Reascos, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica de Quito. Este discurso se refiere a señalar la inversión social homogénea (educación, salud, vivienda, etc.) como fuente de bienestar general, sin considerar la diversidad social o la adquisición de los recursos económicos necesarios en base a la depredación de la naturaleza.

“El discurso del bienestar basado en la oferta de mayores servicios sociales, como más casas, más escuelas, más hospitales”, sostiene Reascos.  “Es un discurso asimilable por todos, en tanto que el discurso de la plurinacionalidad es un enigma para la gente de a pie”.

Para Reascos, el discurso del bienestar general encierra un peligro, pues se entiende por bienestar a una forma de sociedad homogénea con iguales beneficios, lo que contradice el derecho a la diversidad.

“Para lograr el bienestar general, todo es válido, desde la afectación al derecho de las comunidades a vivir su propia cosmovisión, hasta la depredación de la naturaleza, pasando por la represión a quienes no piensan igual”, indica Reascos.

Chuji manifiesta que “articular una nueva resistencia, que presione al gobierno a cumplir en serio el mandato constitucional, implica articular un nuevo discurso, que coordine las demandas históricas del movimiento indígena con las nuevas dinámicas sociales, pues es necesario dar respuestas a las necesidades de las nuevas generaciones indígenas”.

Mientras este debate no es asumido por sus dirigentes nacionales, las comunidades indígenas han empezado a movilizarse por demandas locales, como la oposición a los daños ambientales que provoca la industria petrolera en Sucumbíos y Orellana, la declaratoria de bosque protector y la militarización en zonas de frontera, la ausencia de inversión social en sectores rurales de la costa ecuatoriana, e incluso la lucha antiminera y la defensa del agua.

Estos pequeños brotes de resistencia son ignorados por el gobierno, como la protesta contra la contaminación petrolera que desde el 25 de setiembre mantienen los habitantes fronterizos del Triángulo de Coembí, en la frontera colombo-ecuatoriana de la provincia de Sucumbíos, o son deslegitimados, como ocurre con la autoconsulta que hicieran los habitantes de Kinsakocha, en la provincia de Azuay, en la que decidieron oponerse mayoritariamente a la minería.

Entre tanto, la fragmentación de las dirigencias indígenas y la ausencia de una agenda nacional que incorpore las demandas de las comunidades seguirán alimentando la capacidad de penetración que tiene el gobierno en las bases de las organizaciones indígenas. 
—Noticias Aliadas.


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Comunidades kichwas en Puerto El Carmen, Sucumbíos, protestan por la militarización de la frontera. (Foto: Janet Cuji)
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