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PERÚ
Crecimiento económico con inclusión
Cecilia Remón
19/08/2011
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Presidente Ollanta Humala inició su mandato comprometiéndose a impulsar “una economía nacional de mercado abierta al mundo”.

Honrando el compromiso hecho durante su campaña, el presidente Ollanta Humala inició su mandato de cinco años el 28 de julio señalando en su discurso inaugural que el crecimiento económico y la inclusión social deben marchar juntos “para transformar nuestro país en una patria de oportunidades para todos”.

“Declaro ante el Congreso, ante los presidentes amigos aquí reunidos y ante el pueblo peruano que, fiel al mandato de las urnas y en pleno respeto al estado de derecho, dedicaré toda mi energía a sentar las bases para que borremos definitivamente de nuestra historia el lacerante rostro de la exclusión y la pobreza, construyendo un Perú para todos”, dijo Humala al inicio de su mensaje.

Humala ganó la segunda vuelta electoral el 5 de junio con 51.5% de los votos válido, desplazando a Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien obtuvo 48.5%. El nuevo mandatario se impuso en 19 de las 24 regiones (o departamentos) del país, mientras que Fujimori sólo tuvo mayoría en Lima y los cuatro departamentos de la costa norte del país: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad,  mostrando una clara división entre las regiones que se han beneficiado con el modelo económico y el resto del país que no ha sentido el efecto del crecimiento experimentado en la última década.

En su discurso, el mandatario ratificó las principales promesas de campaña como son aumento del salario mínimo vital, Pensión 65 (programa dirigido a adultos mayores en situación de pobreza que no reciben ninguna pensión de jubilación), ampliación y mejora del programa Juntos de alivio a la pobreza hasta alcanzar a los 800 distritos más pobres del país, Cuna Más para la nutrición, estimulación temprana y educación de niños de 0 a 3 años, Beca 18 para que jóvenes de bajos recursos económicos y alto rendimiento escolar puedan continuar sus estudios superiores en instituciones públicas y privadas, apoyo a la agricultura familiar, y reforzamiento de la atención de salud en zonas rurales, entre otras.

Para cumplir con esos objetivos, Humala ha nombrado un gabinete de concertación en el que los puestos económicos claves, como son los ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y el Banco Central de Reserva, están en manos de técnicos de derecha cuya designación ha sido considerada como una concesión a sectores empresariales y mediáticos que demandaban “señales claras” de que se continuaría con el modelo económico vigente.

El resto de las carteras está en manos de reconocidos profesionales en su campo, pero el mandatario no cumplió con la cuota de género de 30% de mujeres en cargos ministeriales a la que se había comprometido. Sólo tres de los 18 ministerios están en manos de mujeres: de la Mujer y Desarrollo Social, de Educación y de Cultura.
Tampoco cumplió con nombrar civiles en los ministerios de Defensa y del Interior. En ambos casos los titulares son militares retirados.


A favor de consulta previa
Pero el gran reto del gobierno entrante será resolver los conflictos sociales heredados de la administración del ex presidente Alan García (2006-2011). Según la Defensoría de Pueblo, existen actualmente 217 conflictos sociales, 80% de ellos socioambientales, de rechazo a actividades extractivas realizadas sin una consulta previa a las poblaciones afectadas. Dichos conflictos dejaron un saldo de 123 muertos en los cinco últimos años, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Diversas autoridades se han pronunciado a favor de que el nuevo Congreso apruebe la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios que obliga al Estado a iniciar un proceso de participación y consulta a las poblaciones originarias respecto a cualquier medida que afecte sus derechos colectivos. La norma fue aprobada por el Legislativo en mayo del 2010 pero fue devuelta por el Ejecutivo con una serie de observaciones, incluyendo el señalamiento de que debe quedar explícito que los pueblos indígenas no tendrán derecho al veto en asuntos legislativos y administrativos que los afecten directamente.

Aunque Humala no mencionó el tema en su discurso inaugural, el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, ha anunciado que el Ejecutivo “insistirá en la aprobación de la Ley de Consulta Previa”.

“La consulta previa tiene que hacerse”, dijo Giesecke en declaraciones a la prensa. “La gente tiene que saber que le van a consultar… Debe ser un proceso de información profunda”.

Según Giesecke, la mayoría de los conflictos sociales se producen porque las poblaciones no tienen conocimiento de que en sus territorios se desarrollarán proyectos extractivos, y para evitar esos conflictos es necesario insistir en la aprobación de la ley.

En este sentido tanto Humala como Giesecke se han pronunciado por avanzar en la política del ordenamiento territorial “que permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio”.

Según el ingeniero Efraín Arana, director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, “el ordenamiento territorial es un proceso político y técnico-administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos”.

Agregó que el prerrequisito, o la primera etapa, para llegar al ordenamiento territorial es la zonificación ecológica y económica (ZEE).

“Se trata de un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada, la ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales, base para el ordenamiento territorial”, dijo a Noticias Aliadas.


Sobreganancias mineras y transgénicos
Otro tema incluido en el mensaje presidencial es la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras, a pesar de la resistencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que agrupa a las principales empresas de ese sector.

“Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza. Los contratos serán respetados y la negociación permitirá, no lo dudo, y repito no lo dudo, que esta significativa contribución beneficie a todo el país. Mi determinación es muy clara, tengo la voluntad y la convicción para alcanzar este objetivo. En ello va mi palabra y mi compromiso con el pueblo peruano”, dijo Humala.

Aunque la SNMPE asegura que este impuesto perjudicará la llegada de nuevas inversiones, lo cierto es que la altísima rentabilidad que obtienen las empresas permite la aplicación de dicho tributo. Según Propuesta Ciudadana, organización de la sociedad civil, en el 2010 la rentabilidad de las mineras por los altos precios internacionales de los metales estuvo en alrededor de 40%, cuando la rentabilidad histórica oscila entre 10% y 12%.

El objetivo del gobierno de imponer un tributo a las sobreganancias mineras es financiar programas sociales y obras públicas en regiones que no se benefician del canon minero, la participación efectiva que reciben los gobiernos locales y regionales de los ingresos totales por la explotación minera.

Los ministros de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, y de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, anunciaron que el impuesto se implementará antes de fin del año pues existe “voluntad política del nuevo gobierno y la disposición manifiesta de las empresas mineras” para llegar a un acuerdo en relación a la línea de base sobre la cual se aplicará el tributo.

Otro punto que el gobierno anterior dejó pendiente es la moratoria a las semillas transgénicas. Al igual que con la Ley de Consulta Previa, el ex presidente García observó poco antes de concluir su mandato la norma aprobada el 7 de junio por el Congreso, que establecía una moratoria de 10 años para el ingreso al país de organismos vivos modificados genéticamente, o transgénicos. El Perú es una de las pocas naciones latinoamericanas donde el cultivo de transgénicos está prohibido debido a que constituye un peligro para la biodiversidad.

La ley deberá ser discutida nuevamente por el actual Congreso, pero el ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, se ha manifestado públicamente a favor de la moratoria.

“El tema está en manos del Congreso, pero nuestra posición es a favor de la moratoria”, afirmó Caillaux. “Si el Perú adopta la posición de aplicar moratorias al uso de transgénicos, entonces puede reforzar la imagen de ser un país que defiende su biodiversidad”.
—Noticias Aliadas.


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Presidente Ollanta Humala inicia su mandato comprometiéndose a erradicar la exclusión y la pobreza. (Foto: www.presidencia.gob.pe)
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