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HONDURAS
Denuncias de fraude empañan comicios presidenciales
Noticias Aliadas
19/12/2017
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Demoras en divulgar resultados e interrupción del conteo provocaron violentas protestas.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús denunció en un comunicado emitido a inicios de diciembre “la falta de profesionalismo y de ética del Tribunal Supremo Electoral  (TSE)”  por su “manipulación burda” del proceso electoral hondureño “que intenta irrespetar la voluntad popular manifestada en las urnas”  en los comicios presidenciales realizados el 26 de noviembre.

Los jesuitas centroamericanos señalaron “el TSE va de tumbo en tumbo para esconder una victoria inesperada de la oposición sobre el actual presidente que hizo todo lo que pudo, legal o ilegalmente, para ser reelecto” y exigieron “el respeto a la decisión popular expresada en las urnas y el derecho a la libre expresión que la misma Constitución hondureña asegura”.

Según un informe preliminar emitido el 4 de diciembre por la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), “la noche de la elección la ciudadanía no recibió información oficial por parte del TSE sobre las actas computadas hasta la 01:30 de la madrugada del lunes 27 de noviembre. Debido a esto las encuestas a boca de urna ocuparon los medios de comunicación generando una guerra de resultados en la que dos candidatos se declararon ganadores”.

La misión de la OEA recomendó al TSE divulgar los resultados disponibles hasta esa hora. En conferencia de prensa el presidente del organismo electoral David Matamoros anunció los votos obtenidos por cada candidato presidencial al 57.18% de las actas procesadas. El candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, obtenía 855,847 votos (45.17%) hasta ese momento, mientras que el presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional, que postula a la reelección, había recibido 761,872 votos (40.21%). Una  diferencia de 93,975 votos a favor de Nasralla.

Aunque todavía faltaba procesar 42.8% de las actas, tanto Hernández como Nasralla se declararon vencedores, a la vez que miles de personas salieron a las calles para celebrar.

Mientras tanto, la misión de la OEA observó una serie de problemas en la recepción del material electoral que llegaba de distintos lugares del país, incluyendo algunas maletas que llegaron abiertas o incompletas. Problemas de coordinación logística junto con elevados niveles de improvisación, provocaron demoras en el escaneo del material a lo cual se sumó que el sistema de procesamiento de actas se interrumpiera por 10 horas el 29 de noviembre. Según el TSE, esta situación se debió a que uno de sus servidores colapsó y tuvo que ser sustituido por uno nuevo.

Cuando se reinició el conteo, la tendencia se había revertido y Hernández aparecía como ganador. A partir de ese momento se desencadenaron violentas protestas y para controlarlas el gobierno decretó estado de emergencia por 10 días a partir del 2 de diciembre, durante los cuales quedaba prohibida la libre circulación entre las 6 pm y 6 am en todo o parte del territorio nacional.

Falta de transparencia
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), hasta el 6 de diciembre la represión a las protestas había dejado 14 muertos y centenares de heridos y detenidos.

Para la OEA, “la incertidumbre, la falta de transparencia y el vacío de información que se ha vivido en esta semana era prevenible y atendible”.

El 11 de diciembre, el TSE concluyó el escrutinio de las actas electorales, y aunque aseguró que no encontró evidencias de fraude electoral, no proclamó al vencedor de los comicios debido a que debe atender las impugnaciones recibidas. Según Matamoros, los resultados hasta ese momento daban como ganador a Hernández con 42.95%, frente a 41.42% de Nasralla. Aunque la fecha límite para la declaración de resultados es el 16 de diciembre, la ley establece otros 10 días para que los partidos puedan presentar demandas de nulidad de todo el proceso electoral.

En el 2009, la intención del entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009) de querer consultar la reelección presidencial significó su derrocamiento siete meses antes que concluyera su mandato constitucional en el 2010. La excusa fue que violaba la Constitución que prohíbe la reelección presidencial.

Pero en abril del 2015, la Corte Suprema de Justicia, que en su momento respaldó el golpe de Estado contra Zelaya, falló a favor de dos apelaciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladores cercanos a Hernández —quien asumió la presidencia en el 2014— en contra de la prohibición constitucional y permitiendo su postulación a la reelección.

Hernández también se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción. En junio del 2015, miles de personas, que se autodenominaron Oposición Indignada, salieron a las calles demandando la renuncia del mandatario luego que investigaciones del Ministerio Público descubrieran el desvío a cuentas privadas de más de US$200 millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, destinados a la compra de medicamentos e insumos y pagos de pensiones de vejez e invalidez, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Parte de ese dinero pasó a manos del gobernante Partido Nacional.

A raíz de las protestas, en noviembre de ese año se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), propuesta de acompañamiento y combate a la corrupción que emergió como resultado del diálogo entre la OEA, el gobierno, la Oposición Indignada y organizaciones de la sociedad civil.

Además, Honduras es considerado por organismos internacionales como el país más peligroso para quienes defienden los derechos humanos, el ambiente y la tierra. Más de 120 activistas han sido asesinados desde el 2010, incluyendo a Berta Cáceres, reconocida ambientalista y defensora de los pueblos indígenas, en marzo del 2016. —Noticias Aliadas.


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Protestas contra presidente Juan Orlando Hernández (JOH), candidato a la reelección en Honduras. /Defensores en Línea
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