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ECUADOR
Partido de gobierno en riesgo de desintegrarse
Luis Ángel Saavedra
20/11/2017
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Dirigencia de Alianza PAIS decidió destituir a Lenín Moreno como presidente de esa organización.

El otrora poderoso movimiento oficialista Alianza PAIS (AP) hoy hace agua por todos sus costados y está a punto de irse a pique si sus dirigencias nacionales insisten en mantener un apoyo a quienes gobernaron junto al expresidente Rafael Correa por 10 años, mientras sus bases y dirigencias provinciales cada vez más se alinean con el nuevo estilo del actual mandatario Lenín Moreno y su permanente convocatoria a dialogar.

Lo que empezó con un tira y afloja en los discursos de los dos máximos líderes de AP, Correa y Moreno, pronto se convirtió en una fractura irreconciliable que ha obligado a los militantes de esta tienda política a definir su respaldo a uno u otro.

La situación legal de Jorge Glas, vicepresidente electo junto a Moreno, aceleró el sisma, pues se convirtió en la imagen de la corrupción que supuestamente había imperado en el régimen de Correa, que se sostuvo en la presidencia desde el año 2007 al 2017. En agosto Moreno retiró todas las funciones a Glas.

Glas fue detenido el 2 de octubre y ha sido llamado a juicio, acusado de liderar una asociación ilícita que exigió coimas en varios contratos con el Estado, de la mano de su tío Ricardo Rivera, quien, sin tener ninguna función en el gobierno de Correa, se encargó de los negocios del Estado con la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas chinas, con quienes se contrató grandes proyectos de infraestructura y de explotación petrolera.

Las fisuras en AP provocaron el afán de hacerse con el control de este movimiento político, que era presidido por Moreno, mientras que los dos vicepresidentes, Glas y Ricardo Patiño, son fieles defensores de Correa.

El 30 de octubre, nueve miembros de Directiva Nacional de AP destituyeron a Moreno de la presidencia de la organización política y designaron a Patiño como nuevo líder máximo de este movimiento. La asambleísta Gabriela Rivadeneira, secretaria nacional del Partido, aseguró que la destitución se daba por no haber asistido a las reuniones de la directiva nacional en más de tres ocasiones y por “realizar actividades que van contra la unidad orgánica del movimiento”. Esta facción de AP también envió un expediente a la Comisión de Ética del partido para que analice la posibilidad de expulsar a Moreno de sus filas.

Pugnas por las denuncias de corrupción
Esta decisión no fue aceptada por José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, quien la tildó de ilegal. El Tribunal de Ética de AP ahora está llamando a quienes destituyeron a Moreno para que expliquen las razones que los llevaron a asumir funciones que no les competía, y menos proceder a una destitución sin un proceso, pues Moreno ni siquiera fue notificado de que se abordaría su destitución en una reunión de la Directiva Nacional.

Patiño, por su parte, está denunciado una persecución contra quienes no están de acuerdo con las políticas que lleva adelante el gobierno, para lo que se estaría utilizando a la Contraloría General del Estado y pone de ejemplo el caso de la glosa —responsabilidad civil culposa que establece un perjuicio económico contra el Estado— impuesta por esta entidad en contra de las asambleísta Marcela Aguiñaga por US$41 millones por un pago excesivo en la compra de terrenos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cuando era ministra de Ambiente (2007-2012).

Las denuncias de Patiño evocan el proceder de Correa, pues el uso de glosas de la Contraloría General del Estado en contra de políticos opositores fue la mejor herramienta para forzar el silencio de quienes se oponían a sus políticas, como en el caso de Salvador Quishpe, prefecto indígena de Zamora Chinchipe, o el caso de Tarquino Cajamarca, alcalde de Limón Indantza, lugares donde se implementan proyectos mineros a gran escala.

“Les están dando una cucharada de su propia sopa”, comenta Cajamarca, quien ahora funge como abogado de las personas desplazadas por proyectos mineros. 

El escenario más visible de esta confrontación es la Asamblea Nacional, en donde los asambleístas del oficialismo han empezado a definir sus posiciones, dejando de lado las afirmaciones de que el bloque legislativo de AP estaba férreamente unido, tal como lo había demostrado al negarse a respaldar un pedido de enjuiciamiento político a Glas.

“La Asamblea Nacional debe esperar que la justicia haga su trabajo y no intervenir”, fue la consigna tras la que los asambleístas oficialistas se escudaron para no dar trámite al pedido de la oposición.

Cuando el descalabro oficialista era evidente, la oposición intentó nuevamente encausar el juicio político a Glas y presentó el 8 de noviembre una nueva solicitud en la secretaría de la legislatura, respaldada por 65 firmas, incluida la firma de la asambleísta de AP Marcia Arregui, de la céntrica provincia de Los Ríos.

“Me debo a mi provincia, a las bases que me eligieron, y las bases dicen que hay que enjuiciar a Jorge Glas”, argumentó Arregui al defender su posición y de haberse alejado de la consigna de guardar las apariencias fingiendo unidad.

Asambleístas oficialistas en su laberinto
El nuevo pedido de juicio político obligó a que los asambleístas de AP se reunieran de forma urgente ese mismo día para buscar una posición consensuada, la que no fue posible, y optaron por hacer una declaración de apoyo a Moreno, sin mencionar el juicio político a Glas. La carta de apoyo fue firmada por 47 asambleístas y se abstuvieron 19. La novedad fue que Soledad Buendía y Viviana Bonilla, asambleístas cercanas a Correa, también firmaron la carta en respaldo al mandatario.

En la carta de apoyo al gobierno, difundida por Serrano como presidente de la Asamblea Nacional, se anuncia también el respaldo al llamado que el 18 de setiembre hizo Moreno a una consulta popular con siete preguntas, entre las que se destaca la no reelección indefinida que, en caso de aprobarse, truncaría todas las aspiraciones del sector correísta de tener a su líder de nuevo en el poder.

Otras de las preguntas planteadas por el Ejecutivo incluyen temas referidos a suprimir derechos políticos a culpables de corrupción, restringir la minería metálica y la no prescripción de los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes.  Las preguntas fueron entregadas a la Corte Constitucional la que deberá pronunciarse sin un plazo determinado, posteriormente el trámite pasará al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá hacer la convocatoria oficial.

Daniel Mendoza, también asambleísta de AP, en declaraciones públicas manifestó que el apoyo a la consulta popular también implicaba un llamado a votar afirmativamente en las siete preguntas. Esto ocasionó la furiosa reacción de Buendía.

“El señor Mendoza es un mentiroso. Lo emplazo. Ya estoy harta de que hable siempre a nombre del bloque”, dijo. “El señor Mendoza no representa al bloque”. Buendía aclaró que su respaldo es a la consulta porque el pueblo tiene el derecho a ser consultado, más no al contenido de las preguntas. Bonilla, por su parte, se limitó a manifestar que ya era hora de cerrar las brechas que se habían producido en AP.

Calmadas ya las declaraciones eufóricas de lado y lado, lo único que quedó claro de la reunión de los asambleístas de AP es que estaban en desacuerdo.

“Hemos acordado que podemos desacordar”, sentenció Mendoza, destruyendo ya definitivamente la versión de unidad que mantenía el bloque.

Mientras la mayoría de militantes de AP van definiendo el sector en el que alinearán a futuro, otros permanecen a la expectativa y prefieren no pronunciarse. El asambleísta Jorge Yunda, por ejemplo, no deja clara su posición, pues en el gobierno de Correa consolidó una gran red de frecuencias de radio y televisión a pesar del informe de la auditoría de frecuencias que se realizó en ese mismo gobierno, y teme que en el actual gobierno se vuelva la mirada a cómo consolidó este gran consorcio de medios de comunicación. —Noticias Aliadas.


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Presidente recibe respaldo de exasambleístas constituyentes para la realización de la consulta popular. /Presidencia de la República del Ecuador
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