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HONDURAS
Presidente detrás de reelección
George Rodríguez
17/10/2017
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Actual mandatario pretende continuar en el cargo gracias a fallo de Corte Suprema que levantó prohibición constitucional a la reelección presidencial.

Hace ocho años la reelección presidencial costó al país un sangriento golpe civil-militar, pero ahora que ya no es una violación a la Constitución, el actual mandatario Juan Orlando Hernández está estrenando esta opción en las elecciones generales del 26 noviembre.

En los comicios se enfrentan el gobernante Partido Nacional (PN), una de las dos organizaciones históricas del país, su tradicional rival, el también derechista Partido Liberal (PL), y una nueva alianza de dos partidos firmemente opuesta a la reelección de Hernández.

La madrugada del 29 de junio del 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009) fue despertado por tropas militares que ingresaron violentamente a su casa, lo obligaron a abordar un avión militar que pocas horas después aterrizó en el principal aeropuerto internacional de Costa Rica, dando inicio a un exilio forzado de casi dos años.

Zelaya fue derrocado por un breve y sangriento golpe de Estado cuyas consecuencias persisten, entre otros aspectos, en las decenas de asesinatos políticos que cobraron las vidas de periodistas y activistas de derechos humanos como parte de sus principales objetivos y que continúan impunes.

La excusa para deponer a Zelaya —siete meses antes que concluyera su mandato constitucional en el 2010— era que violaba la Constitución hondureña al querer llevar a cabo un referendo para consultar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en elegir una nueva Asamblea Constituyente para reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial.

El delito del líder populista fue sólo pensar en modificar los “artículos pétreos” de la Constitución que prohibían la continuidad presidencial.

Pero siete años después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —que respaldó el golpe de Estado junto con el Congreso, el PN, el entonces gobernante PL y las Fuerzas Armadas— falló a favor de dos apelaciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladores cercanos a Hernández en contra de la prohibición constitucional.

Por lo tanto, la reelección ya no era un delito grave y se convirtió en lo que líderes de oposición —incluido Zelaya— consideraron como una movida para permitir que Hernández continuara en la presidencia y asegurar a los “cachurecos”, como se conoce a los militantes del PN, un tercer gobierno sucesivo desde el 2010.

Hernández está convencido de que su desempeño presidencial —reflejado en su consigna “Honduras está cambiando”— es una base sólida para su victoria electoral de noviembre.

En ese sentido, su nuevo plan de gobierno se titula “Honduras avanza con paso firme”, basado en siete puntos descritos como “siete pilares”, el último de los cuales incluye dos objetivos que, en el mejor de los casos, son aspiraciones utópicas sobre la realidad de este país: transparencia y rendición de cuentas.

Ejes y pilares
Parado en el centro del escenario, frente a una pantalla gigante mostrando imágenes y consignas mientras presentaba su plan de gobierno en una madrugadora manifestación el 9 de octubre en una escuela en Tegucigalpa, la capital, Hernández dijo a su entusiasta audiencia que se embarcaría en un “proceso agresivo para desarrollar cuatro ejes fundamentales”, además del contenido de los siete pilares de su propuesta.

Los describió como “extender la generación de empleos, masificar los beneficios de la plataforma Vida Mejor [programa social], asegurar la convivencia del pueblo con niveles aceptables de seguridad, y concluir de reorganizar las instituciones del Estado”.

Los siete pilares del plan de gobierno son: Innovar para crecer, Acceso al Crédito, Plataforma Logística, Educación y Salud, Seguridad y Defensa, Estabilidad y Confianza del País, y Honestidad y Transparencia.

En relación con uno de los temas claves del país, el pilar Seguridad y Defensa propone “un pacto por la paz y la convivencia”, así como mantener las acciones para combatir la criminalidad como las maras, el narcotráfico y la trata de personas”, señala el texto.

Igualmente ofrece “concluir todo el proceso de traslado de reos peligrosos a cárceles seguras y la depuración policial”.

Las maras son pandillas callejeras que aparecieron en la década de 1980 principalmente en el oeste de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde llegaron miles de migrantes irregulares —en su mayoría niños y adolescentes—, en su mayoría provenientes del Triángulo Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), que huían de los conflictos armados que en ese momento devastaban El Salvador, Guatemala y Nicaragua y también afectaban a Honduras y Costa Rica.

Frente a las pandillas locales conformadas por mexicanos y otros inmigrantes, los recién llegados del Triángulo Norte muy pronto se organizaron en ese tipo de grupos. Cuando las deportaciones masivas los enviaron de regreso a sus países de origen, las maras se enraizaron profundamente en esas naciones centroamericanas, se multiplicaron en decenas de miles de integrantes y se convirtieron en una de las peores pesadillas de las autoridades de migración, junto con el tráfico de drogas.

La sobrepoblación en las cárceles es otro grave problema de seguridad en Honduras, cuyo sistema penitenciario es un importante foco de violaciones a los derechos humanos, mientras que la limpieza de la policía es un objetivo difícil de alcanzar, en el mejor de los casos, dentro de una fuerza caracterizada por una masiva corrupción desde lo más alto hasta lo más bajo y que incluye efectivos que actúan como sicarios del narcotráfico.

Mientras tanto, en el panorama electoral se ha instalado una coalición bipartidaria cuyo objetivo es no permitir que Hernández sea reelegido, ya que significa la continuación de lo que sus integrantes describen como una dictadura en curso.

El plan de la oposición
Menos de dos meses antes que los nacionalistas, la Alianza de Oposición contra la Dictadura publicó un programa de gobierno mucho más largo, consistente en 14 puntos.

El candidato presidencial de la Alianza es el popular periodista deportivo y presentador de televisión Salvador Nasralla, cofundador en el 2011 del conservador Partido Anti Corrupción (PAC) y su candidato en las elecciones del 2013.

El PAC se unió inicialmente con el izquierdista Libertad y Refundación, cofundado por Zelaya, y el centrista Partido Innovador-Unidad Social Demócrata (PINU-SD), pero luego que Nasralla perdiera el liderazgo partidario se retiraron de la coalición.

En la introducción de su programa, la Alianza explica que nace “como una respuesta colectiva frente a la indignación del pueblo y demanda por bienestar y cambios sociales y políticos que históricamente los sectores conservadores le han negado al pueblo hondureño”. Se describe como “una alianza política parcial en el nivel electivo presidencial para participar en las elecciones generales del domingo 26 de noviembre del 2017”.

En su plan de gobierno, dado a conocer el 25 de agosto, la coalición subraya “la impunidad de los actores intelectuales y materiales en el golpe de Estado” y describe el gobierno de Hernández como “un régimen autoritario que concentra el poder en manos del actual presidente”.

También enfatiza “el rompimiento del Estado de derecho desde el golpe de Estado” y “la violación sistemática de la Constitución”, así como “el establecimiento de un sistema de corrupción institucionalizada”. La Alianza advierte, asimismo, sobre “el retorno del militarismo por encima del poder civil y democrático”.

Asegura que tiene “como finalidad alcanzar un nuevo pacto social mediante la consulta copular y la creación de una nueva Constitución que nos lleve a restablecer el orden democrático y a sentar las bases de un Estado Social que tenga como fin supremo el bien común y al ser humano”.

Como parte de su extensa propuesta para resolver los numerosos problemas del país, en el tercero de los 14 puntos del programa, Seguridad Ciudadana, la Alianza afirma que “Honduras es una sociedad militarizada y con miedo”.

“A pesar de que a lo largo de los últimos 15 años la política de seguridad del Estado se ha enfocado en la cero tolerancia, la mano dura y la militarización, la violencia es hoy generalizada y afecta a todos los ámbitos de la vida de los hondureños y hondureñas”, agregando que por iniciativa de Hernández “se creó la Policía Militar y se profundizó el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad”.

“Sin embargo, entre 2010 y 2016, 1,183 estudiantes han sido asesinados (…). Desde el 2010, 1,335 transportistas han sido asesinados y más de 40 buses han sido quemados a causa de la extorsión”, indica. “Se han desplazado más 174,000 personas por violencia y más 76,000 hondureños han salido de Honduras para pedir asilo desde 2009”.

Para garantizar “una Honduras segura”, la Alianza precisa que su estrategia de seguridad “está basada en prevenir, disuadir y controlar”. En el primer caso, a través de educación y creación de empleos, mientras que para el segundo resalta que, entre otras acciones, “lucharemos contra la impunidad, castigaremos a los criminales”. Y en relación a control, “conformaremos una fuerza de policía civil de 25,000 agentes profesionales”, y “con las Fuerzas Armadas blindaremos nuestras fronteras del ingreso de armas, drogas, dinero ilícito y trata de personas”.

Hernández y Nasralla son los dos principales candidatos de los nueve que postulan a la presidencia de Honduras, comicios en los que 6.2 millones de votantes —de los 8.7 millones de habitantes del país— elegirán al próximo presidente, tres vicepresidente, 128 diputados, 298 alcaldes, además de 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), de un total de 120 integrantes. —Noticias Aliadas.


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Salvador Nasralla, candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura. /ALER
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