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PERÚ
Articular justicia indígena y ordinaria es una prioridad
Segundo Chuquipiondo
28/08/2017
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En regiones amazónicas existen coordinaciones, definición de roles y funciones para ejercer justicia según sea el caso y el lugar.

Wrays Pérez, pamuk (jefe-presidente) del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis, iniciativa indígena amazónica de visibilización de la gestión territorial de los pueblos originarios que data desde hace 7,000 años, revela a Noticias Aliadas que se viene preparando un código de justicia para la nación Wampis, pueblo indígena amazónico que habita en la cuenca de los ríos Morona y Santiago, en las regiones de Amazonas y Loreto.

Este código debe estar listo para finales del 2018 y cuenta con el respaldo de las 65 comunidades y anexos que integran el gobierno Wampis. Del mismo modo, los pueblos Kampuapiawi (conocido como Shawi en Loreto), Shiwilu, Quechua del Pastaza y Candoshi, que ya cuentan con sus estatutos comunales, contemplan el tema de la justicia como un eje estratégico para el orden comunal, tal como lo explica Oswaldo Manihuari, dirigente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL) en el departamento de Loreto.

Cabe precisar, que los “estatutos comunales” son como la constitución política del Estado pero reducido a un pueblo autónomo que opera en un espacio territorial determinado.

“La intención que tenemos como organizaciones indígenas es que una vez culminados los estatutos podamos ir al Congreso para presentarlos e indicar que así queremos vivir y tener claro hasta dónde puede llegar la justicia del Estado y la justicia de nosotros”, expresó Manihuari.

Por su parte, Pérez detalló: “Hemos hablado con fiscales y con la Corte Superior de Justicia de Amazonas desde un enfoque intercultural. Es decir, nosotros dejamos en sus manos el caso del narcotráfico, tráfico de madera, trata de personas, etc.; en nuestro caso el de justicia indígena, nos hacemos cargo cuando, por ejemplo, un líder hace un negocio malo con empresarios o gente ajena a la comunidad y la misma gente no sabe, nosotros procedemos a un castigo, primero se desconoce su liderazgo y luego se le da ishangasos [latigazos con ishanga, ortiga que tiene muchas espinas en las hojas y tallos]”. Pérez subraya que se trata de definir roles y funciones, según sea el caso y el lugar.

Han transcurrido 24 años desde que la Constitución Política del Perú en su artículo 149 reconociera expresamente el derecho de ejercer justicia indígena (comunal) en un determinado espacio territorial, siempre y cuando esta no viole derechos humanos.

Si queremos comprender la justicia indígena en su real dimensión, es necesario verla desde la mirada intercultural, es decir, respetando la cultura y el lugar  donde se desarrolla. Juan Carlos Ruíz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) explica mediante una suposición cómo podría aplicarse la justicia en una comunidad “Si una persona es encontrada robando, esta podría ser castigada recorriendo la plaza central desnudo con un letrero que diga soy ladrón, para el caso de una comunidad alto andina, pero, para el caso de la selva, se pueden tomar otras medidas como por ejemplo dando 10 azotes a la persona con ishanga, explicó el especialista a Noticias Aliadas.

País multicultural y plurilingüe
Respecto a los argumentos legales de la justicia indígena, Ruiz Molleda explica que “los pueblos indígenas existieron mucho antes de que nacieran los Estados y con ellos su justicia milenaria ha ofrecido soluciones prácticas para mantener el equilibrio y la paz en la comunidad”.

En 1993 la Constitución reconoció rotundamente el derecho a la autoidentificación de las comunidades indígenas-campesinas y el ejercicio de justicia en sus propios niveles de organización y territorio. Asimismo, el artículo 15 del Código Penal de 1991 precisa que si una persona comete un acto basado en sus costumbres y desconoce que es un delito, está eximida de responsabilidad.

Por otro lado, está el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Perú en 1994. En su artículo 2 establece que los gobiernos deben promover “la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”.

Para determinar si la justicia indígena afecta los derechos humanos, Ruiz Molleda señala que “esta situación debería verse en dos momentos específicos: el primero con la investigación del caso llevado ante la justicia y el segundo con el castigo —que en algunas experiencias como la de Colombia es vista como una sanación—, todo bajo el criterio de “siempre y cuando [el caso] ponga en peligro la vida y la integridad física de la persona”.

En el Perú existen 65 pueblos originarios y 47 lenguas reconocidas oficialmente, por ende, es un país multicultural y plurilingüe. De ahí que urge la aplicación adecuada de los instrumentos normativos que visibilicen y marquen el procedimiento para ejercer justicia en la jurisdicción que corresponde, garantizando la paz y el respeto a los derechos humanos.

Del mismo modo, el pluralismo jurídico del Perú reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos originarios y el objetivo es promover la existencia de otras justicias y sus niveles de organización según su ubicación, ya sea en los Andes o la Amazonia.

Rondas campesinas
Como parte del ejercicio de una nueva política sobre justicia intercultural el Poder Judicial presentó en mayo pasado la Comisión de Justicia Indígena y Justicia de Paz con la finalidad de fortalecer y mejorar los niveles de coordinación con las autoridades indígenas en las comunidades donde se practica la justicia comunitaria, apoyados en las rondas campesinas (organizaciones comunales autónomas de defensa surgidas a mediados de la década de 1970 en las zonas rurales del país). Su actividad está regulada por la Ley de Rondas Campesinas 27908 del 2003.

Cabe precisar que a finales del 2016, el poder legislativo presentó el proyecto “Ley de desarrollo del Artículo 149 de la Constitución política del Perú, que regula la coordinación intercultural de la justicia”; una propuesta para la coordinación de la jurisdicción especial con la jurisdicción ordinaria a la que las Rondas Campesinas se opusieron.

Las organizaciones de base comunitaria a nivel nacional como la Confederación Nacional Agraria (CNA) y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, al igual que las Rondas Campesinas exigieron se dé el pronto archivamiento de esta propuesta de Ley por considerar que restringiría el ejercicio de justicia en sus propios territorios al subordinar la justicia especial que practican a la justicia ordinaria.

“Más del 35% de la población en el país, se encuentra organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas; y el Estado no ha hecho mucho para articular y coadyuvar esfuerzos entre comunidad e instancias legales ordinarias, cabe decir, que son las mismas organizaciones quienes se acercan a las oficinas para solicitar diálogos al respecto”, sostiene Ruíz Molleda.

“Desde el 2002 se viene hablando de una política intercultural para entender el proceso de justicia pero no existen acciones en concreto, es decir, que hay lugares donde el sistema de justicia ordinaria no tiene un mínimo de coordinación y validación. Por ende, es necesario un acercamiento de buena fe para aprender de la justicia indígena y respetarla en sus niveles de toma de decisiones”, añade.

El dirigente wampion Shapion Noningo (Miembro de la directiva del Gobierno Autónomo Wampis) coincide con el especialista al señalar: “La relación entre justicia indígena y ordinaria no es del todo buena, pero se debe buscar una forma de compatibilidad basada en el respeto”.

Finalmente si queremos que se reconozca este tipo de justicia indígena intrínseca al país “debemos judicializarla; contrastarla con instrumentos legales ya existentes”, puntualiza Ruíz Molleda. —Noticias Aliadas.


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Wrays Pérez, pamuk del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis. /CAAP
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