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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
19/03/2017
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América Latina/El Caribe, Bolivia, Chile, Guatemala

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo un llamado a generar empleos de calidad en los que se reconozca las competencias, niveles de instrucción y productividad de las mujeres. Según CEPAL, el 78% de las mujeres trabajan en empleos de baja productividad, lo cual implica peores remuneraciones, baja cobertura de seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación. Asimismo la tasa de desempleo es mayor en las mujeres, con 8.6% en el 2015, dos puntos más que la de los hombres. “Los indicadores laborales en América Latina y el Caribe siguen exhibiendo grandes brechas de género en el acceso a oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Las desigualdades tienen su base en un sistema social que reproduce estereotipos y conserva una división del trabajo que limita la inserción laboral de las mujeres”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó el 8 de marzo la necesidad de empoderar a las mujeres e invertir en actividades que aumenten su productividad. La FAO calificó de preocupante la situación de la mujer campesina en América Latina y el Caribe donde 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tiene ingresos propios y aunque representan el 20% de la mano de obra agrícola, trabajan a diario de forma no remunerada. En comparación con los hombres, sólo poseen una fracción de la tierra, no tienen acceso al crédito, a los insumos productivos y a la educación. Además de realizar gran parte de las actividades agrícolas, se encargan del trabajo doméstico. La participación de las mujeres es más marcada en actividades que involucran tiempo y esfuerzo físico, como plantar, desmalezar y cosechar, pero participan menos en los eslabones de la cadena productiva asociados a la generación de mayores ingresos, precisó la FAO.

Un proyecto de ley en debate en la Asamblea Legislativa de Bolivia plantea despenalizar el aborto en nueve casos, incluyendo los ya reconocidos por la legislación, como son el riesgo para la salud o la vida de la madre, que el bebé tenga malformaciones, y que haya sido víctima de violación o de incesto. La iniciativa, presentada el 10 de marzo por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), autoriza el aborto por única vez dentro de las primeras ocho semanas de embarazo, cuando la mujer se encuentre en situación de pobreza extrema, ya haya sido madre de al menos tres hijos, o sea niña o adolescente. El personal del sistema nacional de salud no podrá alegar objeción de conciencia para negar la interrupción del embarazo en estos casos y estará obligado a resguardar el secreto profesional. Si alguna mujer se somete a un aborto que no incluya alguna de las nueve excepciones, será castigada con uno a tres años de cárcel.

Desde el 9 de marzo en Chile, las mujeres militares podrán ascender a general de brigada, el máximo grado en el Ejército, de acuerdo con una ley promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. Hasta ese momento, las mujeres sólo podían llegar al grado de coronel. La norma, anunciada en una ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, organizada por el Ministerio de Defensa, establece un escalafón único para hombres y mujeres, además de aumentar la base de coroneles. Asimismo, Bachelet informó que la Fuerza Aérea incorporará este año por primera vez reclutas mujeres para que cumplan su servicio militar, mientras que la Armada lo hará en el 2018. “Hoy podemos decir que, por fin, ya no habrá áreas vedadas para la mujer”, dijo la mandataria. “Con ello, además, se abre la posibilidad cierta de que más temprano que tarde una oficial de las armas de combate ascienda al generalato y llegue a ser comandante en jefe del Ejército de Chile”.

Cientos de personas demandaron la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por la muerte de 40 niñas y adolescentes en un incendio ocurrido el 8 de marzo en un albergue ubicado en las afueras de Ciudad de Guatemala. El fuego fue iniciado por las menores que protestaban contra los abusos sexuales y físicos a que eran sometidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de propiedad estatal, situación que se agravó porque se encontraban encerradas bajo llave. El Consejo Superior de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) denunció que en el lugar vivían unos 700 niños, niñas y adolescentes, casi el doble de su capacidad. Desde el 2013 se recomendó realizar cambios profundos en la institución, que no fueron acatados. En diciembre un tribunal condenó al Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el albergue, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Procuraduría de los Derechos Humanos plantearon el cierre del lugar.


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