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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
27/02/2017
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Argentina, Haití, Honduras, México, Nicaragua

La Corte Suprema de Argentina determinó el 15 de febrero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no puede revocar una sentencia dictada por ese tribunal. La decisión tiene que ver con una demanda por daños y perjuicios presentada por el expresidente Carlos Menem (1989-1999) contra dos periodistas por mencionar la existencia de un hijo extra matrimonial. La Corte Suprema dio la razón a Menem en el 2001, lo que motivó que los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico presentaran un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2011, la CorteIDH ordenó revocar la sentencia. Para la directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, Andrea Pochak, el fallo constituye un “terrible retroceso en materia de derechos humanos” ya que pone en riesgo el carácter vinculante de las decisiones de la CorteIDH y deja desprotegidas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Jovenel Moïse, del Partido Haitiano Tèt Kale (Cabezas Calvas), asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero, un año después que el mandatario Michel Martelly (2011-2016) concluyera su mandato constitucional y fuera reemplazado interinamente por el presidente del Senado, Jocelerme Privert. El oficialista Moïse ganó la primera vuelta electoral realizada el 25 de noviembre del 2015 con 33% de los votos, seguido por el opositor Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana, con 25%. Sin embargo, el Consejo Electoral Provisional (CEP) decidió suspender la segunda vuelta programada para el 27 de diciembre del 2015 debido a la violencia desencadenada en la isla por acusaciones de fraude. Luego de tres postergaciones, los comicios se realizaron finalmente el 20 de noviembre, en los que Moïse se impuso con 55.6% de los votos, mientras que Celestin obtuvo 19.5%. Moïse gobernará hasta el 2022.

Honduras es el país más peligroso para el activismo ambiental, afirmó Global Witness en un informe divulgado el 1 de febrero. Según la organización dedicada a la protección de defensores del ambiente y la tierra, 123 personas que se opusieron a las hidroeléctricas, minas, tala o agricultura en sus tierras han sido asesinadas desde el 2010 por fuerzas del Estado, agentes de seguridad o sicarios. Igualmente, indica que decenas de activistas han sido amenazados, atacados o encarcelados. Las principales víctimas pertenecen a grupos indígenas y comunidades rurales cuyos casos quedan en su mayoría sin resolver, señala el informe. La investigación muestra que el sistema judicial, el Ejército y la Policía apoyan los intereses de las empresas, y si bien el gobierno “tiene el poder y los recursos para proteger a los activistas, en la práctica la falta de voluntad política, corrupción endémica e influencia excesiva de las élites consiguen que no se proporcione dicha protección”.

El líder indígena Juan Ontiveros fue encontrado muerto el 1 de febrero en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado Chihuahua, norte de México. Ontiveros, quien combatía la explotación maderera en la Sierra Madre, había sido secuestrado un día antes por hombres armados. Días antes del crimen, Ontiveros se había reunido con otros líderes indígenas y defensores de derechos humanos para dialogar sobre los problemas que enfrentan sus comunidades. Estaba encargado de la seguridad de la comunidad tarahumara Choréachi, “tiene un largo historial de defensa de su territorio, una defensa que incluye conflictos por los límites de sus tierras con localidades vecinas no indígenas, y luchas pacíficas para detener la extracción de madera en la zona”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado. La muerte de Ontiveros ocurrió dos semanas después del asesinato del líder indígena tarahumara Isidro Baldenegro, quien en el 2005 recibió el Premio Goldman por su lucha contra la tala ilegal en la Sierra Madre.

Ernesto Cardenal, el sacerdote y poeta nicaragüense, fue condenado el 10 de febrero por un tribunal de Managua, Nicaragua, a pagar US$800,000 “por concepto de daños y perjuicios, daños emergentes, lucro cesante, deterioro de bien de propiedad y pérdida de activos ocasionados por el incumplimiento de la obligación contractual” a Nubia del Socorro Arcia, administradora de un hotel en la isla de Solentiname, en el lago Cocibolca, donde Cardenal fundó un comunidad cristiana en los años 70. La propiedad pertenecía a la Asociación para el Desarrollo de Solentiname (ADS) que 1990 decidió convertirla en hotel. En 1994 Arcia enviudó y la ADS le cedió la administración del hotel, pero no la propiedad, que es lo que ella reclama. Una semana después un juez anuló el edicto de la sentencia debido a errores de procedimiento. El sacerdote será nuevamente notificado y podrá presentar un recurso de apelación. Cardenal, de 92 años, denunció ser víctima de “persecución política” por parte del actual presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.


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