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PERÚ
“El petróleo no es sinónimo de desarrollo”
Segundo Chuquipiondo
12/02/2017
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Comunidades indígenas amazónicas afectadas por derrames de petróleo llegaron a acuerdos con el gobierno.

El 2016 marcó un antes y un después en la historia ambiental peruana a causa del petróleo en la Amazonia. Las cuencas del río Marañón (Región Amazonas) y el Morona (Región Loreto) han quedado expuestas a un inminente peligro de contaminación, junto con un gran número de comunidades indígenas que dependen de sus aguas.

El 1 de setiembre del año pasado, más de 70 comunidades de cinco cuencas amazónicas (Tigre, Marañón, Pastaza, Corrientes y Chambira) bloquearon el río Marañón en protesta por los constantes derrames por filtraciones en ductos del Oleoducto Norperuano y cerraron el paso a embarcaciones que trasladan petróleo y otras embarcaciones comerciales, mientras el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski hacía caso omiso de la situación.

De acuerdo con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sólo en el 2016 ocurrieron 13 derrames de petróleo, lo que ha significado el vertido en los cursos de agua de miles de barriles de petróleo.

Autoridades ambientales responsabilizaron de los derrames al deterioro del Oleoducto Norperuano, de propiedad de la petrolera estatal Petroperú. Construido en los años 70, el oleoducto transporta el petróleo extraído de la región amazónica peruana desde la Estación 1, en San José de Saramuro, Loreto, a lo largo de 854 km hasta la terminal de Bayóvar, en la costa norte.

Aunque especialistas y el OEFA han confirmado la falta de mantenimiento del ducto, Petroperú ha sostenido que los derrames se deben tanto a atentados provocados por personas “inescrupulosas”, como por “causas naturales” (rayos que caen directamente por el ducto).

Segú la antropóloga Frederica Barclay, la historia de la actividad petrolera se inició en los años 70, durante el gobierno militar (1968-80), con la aprobación de una ley del petróleo dirigida a estimular su explotación. Sin embargo, no tenía una adecuada regulación ambiental ni estaba acompañada de  una legislación que defendiera los derechos indígenas.

Sangre de la tierra
“¿Acaso alguien les preguntó a las comunidades si querían que los tubos pasaran por sus territorios?”, cuestionó el abogado Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal, Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), a Noticias Aliadas. “Quiero darles un ejemplo, todos en Lima sabemos que los tubos que trasladan agua deben ser cambiados cada cierto tiempo, porque si no genera sarro. Ahora bien, imagínese como estarán esos tubos que trasladan petróleo por kilómetros a la intemperie, a los que debieron darles mantenimiento a lo largo de 43 años. ¿Acaso no es obvio que estén a punto de colapsar? ¿Qué es más importe, perder dinero, o perder la vida de cientos de pobladores indígenas?”.

Los derrames “son la prueba de que el Estado apaña la actividad extractiva irresponsable y más aún lo hace de forma discriminante hacia los pueblos indígenas, porque no reconoce su derecho a ser beneficiarios de servidumbres por usar sus tierras”, agrega Carhuatocto.

El primer pozo perforado en la Amazonia se ubicó en la localidad de Capirona, en la cuenca del Corrientes, así lo recuerda el líder indígena Henderson Rengifo Hualinga, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  (AIDESEP), quién nació y creció en dicha cuenca.

En conversación con Noticias Aliadas, Rengifo comentó que para los pueblos indígenas el petróleo es como la sangre de la tierra en dónde viven.

“Pero también representa un recuerdo de muchos impactos negativos a la salud humana y ambiental. Toda la ganancia del petróleo se ha quedado en las capitales y nunca ha llegado a la comunidad”, sostiene Rengifo. “Que alguien me diga a lo largo de estos 40 años de actividad petrolera qué beneficio a gran escala han tenido las comunidades indígenas. Nada, el petróleo no es sinónimo de desarrollo”.

Luego de 117 días de protesta, el 15 de diciembre las comunidades indígenas llegaron a un acuerdo de 19 puntos con el gobierno que incluyen “la ejecución de un plan de desarrollo integral basado en el respeto de la vida de los pueblos afectados por la actividad petrolera y la búsqueda conjunta (gobierno, empresa y comunidades indígenas) del diálogo intercultural para no cometer errores del pasado en la zona”, explicó Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

Plan de desarrollo integral
Para mediados de febrero se tiene prevista la culminación del plan de desarrollo integral que se encuentra elaborando un equipo multidisciplinario de 50 especialistas del Estado, pertenecientes a los ministerios de Educación, de Desarrollo e Inclusión Social, de Salud, de Vivienda, de Ambiente y de Defensa, junto con las comunidades afectadas.

Rengifo asegura que “fue gracias a las luchas indígenas que [en el país] hemos ido cambiando las normas ambientales. Nos han dado compensación por los daños ambientales, sin embargo, las comunidades no tuvieron un plan en aquel momento, por lo que hemos tenido que imitar cómo proceden los gobiernos locales y regionales”.

“Con los fondos que las comunidades recibían por parte de la empresa por la compensación se construían sus escuelas, centros de salud y hasta lozas deportivas, pero eso no es la obligación de la comunidad, sino del Estado”, dice Rengifo.

De acuerdo con el líder indígena, los fondos otorgados de forma directa también fueron utilizados en algunos casos para acelerar el proceso de formalización de sus comunidades (reconocimiento, titulación y ampliación), ya que los funcionarios del Estado manifestaban no tener los recursos para desplazarse a las comunidades que solicitaban sus títulos.

A la pregunta ¿cuál sería la alternativa al petróleo?, Rengifo considera que se debe apostar por la llamada diversificación productiva que permita tener otras formas de ingreso económico, mediante los bio-negocios, el turismo, la pesca, la agro-forestería.

“El Estado debe garantizar el desarrollo de capacidades en estos temas a la misma comunidad”, indica.

Si bien la firma de los acuerdos fue recibida con algarabía, los representantes indígenas aseguran estar vigilantes sobre su cumplimiento por el Ejecutivo. Petroperú, a su vez, ha implementado un plan de contingencia que contempla el traslado de personal capacitado para intervenir y controlar la situación en caso de producirse un vertido. —Noticias Aliadas.


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Indígenas amazónicos reclaman atención al gobierno por contaminación causada por derrames petroleros. / Arturo Champa
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