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BRASIL
Masacre en cárceles fue tragedia anunciada
Noticias Aliadas
15/01/2017
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Al menos 89 muertos dejaron dos motines en penitenciarías de la Amazonia brasileña.

Entre el 1 y 2 de enero, enfrentamientos entre bandas rivales en el Complejo Penitenciario Anisío Jobim, en Manaos, capital del estado noroccidental de Amazonas, dejaron 56 muertos. Cuatro días después, fueron asesinados 33 reclusos en la Penitenciaría Agrícola Monte Cristo en Boa Vista, capital del estado de Roraima, en el norte del país.

Según el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, se habría tratado de un ajuste de cuentas entre miembros del Primer Comando Capital (PCC), la mayor banda criminal del país nacida en São Paulo, y de Familia del Norte (FDN), grupo aliado del Comando Vermelho, con amplio poder en Rio de Janeiro. El PCC y el Comando Vermelho se disputan el control de las principales rutas del narcotráfico en Brasil, particularmente de las zonas que limitan con Bolivia, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela.

De Moraes admitió que el sistema carcelario brasileño se encuentra colapsado debido al hacinamiento, condiciones insalubres y permanentes enfrentamientos entre bandas rivales. De acuerdo con la Administración Penitenciaria de Amazonas, el penal Anisío Jobim alberga a 1,224 reclusos cuando la capacidad máxima es de 454.

Human Rights Watch (HRW), organización defensora de los derechos humanos con sede en EEUU, denunció en su Informe Mundial 2016 la grave sobrepoblación y violencia en las cárceles brasileñas.

“El número de adultos encarcelados aumentó un 80% durante la última década, y en junio del 2014 superaba las 600,000 personas —un 60% más de la capacidad para la cual se construyeron las cárceles—, según los datos más recientes del Sistema Integrado de Información Penitenciaria (InfoPen) del Ministerio de Justicia. La sobrepoblación y la falta de personal suficiente impiden que las autoridades penitenciarias mantengan el control dentro de las cárceles, lo que hace que los internos sean vulnerables a violencia y a las pandillas”, indicó el informe.

Asimismo, HRW señaló que “las condiciones de hacinamiento también afectan la salud de los internos. La prevalencia de la infección por VIH en las cárceles de Brasil es 60 veces mayor que en el resto de la población y la prevalencia de tuberculosis es casi 40 veces superior, según InfoPen. La falta de medidas adecuadas de control médico, prevención y atención, sumada a las precarias condiciones sanitarias y de ventilación, contribuye a la propagación de enfermedades entre los reclusos”.

Estado negligente
Uziel Castro, secretario de Seguridad del estado de Roraima, manifestó que en el caso de Boa Vista no se produjo un enfrentamiento entre bandas, sino que algunos prisioneros decapitaron, mutilaron y desmembraron a otros reclusos, utilizando armas punzocortantes, a otros reclusos.

En declaraciones a la prensa, el abogado Glen Wilde do Lago Freitas, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil, manifestó que el enfrentamiento en Manaos estaba previsto, ya que desde hace un año FDN amenazaba con asesinar a los miembros del PCC.

“El Estado se desentendió, fue negligente y no hizo nada para evitar la masacre”, dijo. “Fue una tragedia anunciada”.

De acuerdo con la organización no gubernamental Justicia Global, que a fines del 2015 realizó una inspección a cuatro cárceles de Manaos, existe una total ausencia del Estado en esos establecimientos. Precisó que son los presos quienes controlan los pabellones, e incluso existe la figura del “chaveiro”, un recluso responsable de abrir y cerrar las celdas.

“Cuando colocas en una misma unidad penitenciaria [a reclusos] de dos bandas rivales, el Estado no tiene control alguno de lo que ocurre allí dentro y quien comanda es el crimen organizado”, dijo Marcos Fuchs, director adjunto de Conectas, organización brasileña defensora de los derechos humanos.

Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, después de EEUU, China y Rusia. Tiene recluidos 622,000 presos, número que supera en 67% la capacidad de las cárceles.

En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandó a las autoridades brasileñas una investigación “inmediata, imparcial y efectiva” por lo ocurrido en las cárceles de Manaos y Boa Vista, a la vez que consideró que estos hechos no son incidentes aislados, sino que reflejan  “la situación crónica de los centros de detención del país”. —Noticias Aliadas.


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